La Contraloría General de la República lamentó que el Gobierno haya observado la ley que aprobó el Congreso de la República que le otorga facultades para aplicar sanciones contra funcionarios que hayan sido detectados como responsables de presuntas irregularidades, y exhortó al Parlamento a que aprueben esta norma por insistencia.

“Lamentamos que, pese a tratarse de un asunto prioritario y a las expresiones públicas de compromiso de lucha contra la corrupción y la impunidad, se haya observado -en el último día del plazo- la Autógrafa de la ley que permite sancionar a los funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción e inconducta funcional”, informó el ente contralor.

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Según señalaron, la norma que fue aprobada en el Poder Legislativo otorga a la Contraloría la capacidad de aplicar una sanción contra quienes hacen mal uso de los recursos públicos.

“La demora en la vigencia de las sanciones permite cada día que quienes incurren en irregularidades sigan sin sanción, pese a los miles de informes sustentados y publicados por la Contraloría General”, indicaron.

En esa línea, la Contraloría expresó su confianza en que el Congreso ratifique por unanimidad la norma.

Contralor cuestiona decisión

El Poder Ejecutivo observó la ley por considerar que una sanción a nivel administrativo por parte de la Contraloría “debilita” las competencias de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) que tiene como última instancia el Tribunal del Servicio Civil.

Al respecto, el contralor Nelson Shack reconoció que las leyes pueden ser mejoradas, pero recordó que el Parlamento ha discutido esta iniciativa desde hace más de un año.

“Siempre la norma se puede perfeccionar. Se ha estado discutiendo en el Congreso más de un año y efectivamente, lo que ha sucedido ahora es que han hecho una serie de observaciones planteando mejoras, pero ellos como Poder Ejecutivo consideran que la tipificación de conducta infractoras es insuficiente. Lo cierto es que hoy la corrupción y la impunidad siguen campeando”, indicó en declaraciones a RPP.

“No hay posibilidad de luchar contra la corrupción de manera efectiva si no hay sanción y eso está pasando en los miles de casos pequeños y medianos a nivel nacional. Solo el año pasado se identificó una pérdida de 22 mil millones de soles con 28 mil funcionarios públicos. Nadie de ellos ha sido retirado del sector público o sancionado”, añadió.