Guillermo Aliaga, vocero de la bancada Somos Perú, dijo que hay un “ánimo de persecución” en la comisión que se ha creado para investigar el caso ‘vacunagate’, que implica a Martín Vizcarra (actual candidato al Congreso de Somos Perú) y otros funcionarios que recibieron dosis de Sinopharm fuera de los ensayos clínicos y antes de la llegada de los lotes que fueron comprados por el Estado peruano.

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“Esperamos que el trabajo (de esta comisión investigadora) sea probo, sea neutral porque desde la conformación ya se nota un ánimo de persecución”, dijo a RPP.

El legislador criticó que la mayoría de las bancadas no hayan respaldado la posibilidad de que el número de integrantes de una comisión investigadora se amplíe de 9 a 11 personas para así incluir a un miembro de cada una de las bancadas del Congreso.

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“Se estaba viendo la posibilidad de ampliar. Deberían haber 11 miembros por comisión investigadora, pero hubo bancadas que decidieron no apoyar esta ampliación del número de integrantes [...] Muy por el contrario, decidieron que solo sean nueve. ¿Para qué? Para sacar a los miembros de Somos Perú y el Partido Morado”, manifestó Aliaga.

El pleno del Congreso aprobó, con 100 votos a favor, ocho en contra y seis abstenciones, que la comisión investigadora del caso ‘vacunagate’ esté formado por un miembro de cada una de las nueve bancadas con excepción del Partido Morado y Somos Perú, según el acuerdo al cual se llegó en la Junta de Portavoces, también por mayoría.

El Partido Morado también ha cuestionado esta decisión, al calificar su exclusión de la comisión como algo “arbitrario” que tiene un “ánimo revanchista”.

La comisión estará formada por Otto Guibovich (Acción Popular), Lusmila Pérez Espíritu (Alianza para el Progreso), Richard Rubio (Frepap), Carlos Mesía (Fuerza Popular), Felipe Castillo Oliva (Podemos Perú), Roberto Chavarría Vilcatoma (Unión por el Perú), Absalón Montoya (Frente Amplio), Mariano Yupanqui (Descentralización Democrática) y Rubén Ramos Apana (Nueva Constitución).

El objetivo será determinar las irregularidades y responsabilidades que se habrían cometido al aplicar dosis de la vacuna activa de Sinopharm a autoridades como Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, entre otras autoridades y allegados, fuera de la fase 3 de los ensayos que se realizaron en el Perú desde el 2020.

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