No son menores los casos de corte político en los que se ha involucrado la Defensoría del Pueblo, bajo la actual gestión de Josué Gutiérrez, en sus últimos dos años de funcionamiento.

El organismo autónomo, que cumplió treinta años el último viernes 11, asegura “defender y proteger los derechos fundamentales de las personas, con énfasis de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”. Sin embargo, su historial de trabajo no destaca precisamente por ello.

Prioridades

La Defensoría tiene entre sus facultades presentar proyectos de ley, “investigar” o “intervenir en procesos constitucionales”, incluso a través de solicitudes de alguna de las partes involucradas.

Sin embargo, llaman la atención que en el haber de Gutiérrez haya al menos siete intervenciones, mediante demandas de inconstitucionalidad o solicitudes de amicus curiae –para presentar su opinión sobre algún asunto en particular–, que no están relacionados a población “vulnerable”.

La mayoría de estos casos, incluso, mereció la intervención del propio defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ante alguna institución dirimente, ya sea el Tribunal Constitucional (TC) o el Poder Judicial (PJ).

Cinco de ellos además, tienen a expresidentes u otros exfuncionarios públicos como los principales beneficiados, con informes de la entidad que recomendaban resolver a favor de ellos.

El 21 de abril del 2025, la Defensoría solicitó al TC incorporarse como amicus curiae en el proceso que inició el Ejecutivo, en ese entonces con Dina Boluarte como mandataria, contra el PJ y el Ministerio Público (MP). El objetivo de la demanda era establecer hasta qué punto estas últimas instituciones podían investigar y procesar a un presidente en funciones.

La solicitud fue aceptada un día después de su presentación. Gutiérrez participó personalmente en la audiencia frente a los siete magistrados del TC, el 25 de abril, y oralizó un informe que apoyaba la posición del Ejecutivo. El TC, finalmente, falló a favor de la demandante Boluarte.

Cuatro meses después, el 26 de agosto, la Defensoría volvió a presentar una solicitud de la misma índole. Esta vez, pidió al TC ser incorporada como amicus curiae en el hábeas corpus presentado por la defensa privada de Betssy Chávez, expremier de Pedro Castillo entonces procesada, y después sentenciada, por conspiración para la rebelión. La solicitud no alcanzó a ser aceptada porque, solo un día después, el TC resolvió el pedido.

Ese mismo día, en horas de la mañana, la Defensoría anunció otra solicitud similar en el caso del expresidente Martín Vizcarra. Esto debido a la discusión que existía sobre el penal en el que sería recluido el exmandatario, Ancón II o Barbadillo, a raíz de una prisión preventiva.

Al igual que Betssy Chávez, el exdignatario también contaba con una férrea defensa privada que presentó un hábeas corpus ante el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima –al que se apersonó la Defensoría con su solicitud–. Tampoco hizo falta un pronunciamiento judicial, pues el mismo día del anuncio, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que había seguido el caso de cerca, cambió la norma para que Vizcarra retornara a Barbadillo.

Más casos

La Defensoría del Pueblo también se involucró en el caso del fotoperiodista Hugo Bustíos, asesinado por militares en Huanta (Ayacucho) en 1988, en defensa del entonces sentenciado Daniel Urresti.

La defensa del actual candidato a la alcaldía de Lima (Podemos Perú) había llevado el caso al TC, frente al que argumentaba una prescripción de la acción penal. El máximo intérprete de la Constitución incorporó a la Defensoría como amicus curiae, a pedido suyo, y el 20 enero de 2026 un representante del organismo oralizó un informe a favor de Urresti. Finalmente, el TC anuló la condena.

También hubo un intento de la Defensoría por incorporarse, bajo la misma figura, en el caso que se le sigue a Vladimir Cerrón por el Caso Aportes de campaña al partido Perú Libre –distinto al caso Dinámicos del Centro–.

Cabe recordar que Cerrón y el actual defensor del Pueblo tuvieron nexos ampliamente conocidos. Gutiérrez no solo fue abogado de Cerrón en el 2021, sino que estuvo afiliado al partido político de su patrocinado, Perú Libre. En esa línea, fue asesor del grupo parlamentario perulibrista entre 2021 y 2022.

Esta vez, el amicus curiae presentado, enmarcado de un proceso iniciado por la defensa de Cerrón para revocar una prisión preventiva, fue extendido por la Adjuntía para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana de la Defensoría. Sin embargo, el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, rechazó la interferencia.

En la lista

La Defensoría del Pueblo también cuestionó algunos decretos ante el TC. En agosto del 2024, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1373 que regula la Extinción de Dominio.

La Defensoría afirmó que si bien la norma “traslada al Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento o efectos, o ganancias de actividades ilícitas”, lo hace “sin observar principios constitucionales, que guían la actuación estatal, para garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales”.

Tras la sustentación del defensor del Pueblo, el TC aceptó en parte la demanda y declaró inconstitucionales al menos dos numerales de la medida.

Otra demanda de inconstitucionalidad llamativa fue la presentada contra el Poder Ejecutivo, por el Decreto de Urgencia 010-2025. Una norma que fue emitida en el gobierno de José Jerí para “establecer medidas extraordinarias, en materia económica y financiera, para la reorganización patrimonial de Petroperú S.A. y garantizar la continuidad de la cadena de producción”.

El propio Gutiérrez despertó cuestionamientos tras referirse a la petrolera, cuestionando una potencial “privatización o fragmentación de la empresa estatal”.

“Petroperú, y propiamente la refinaría de Talara, nunca estuvo en quiebra. Sí ha habido una crisis económica generada por decisiones adversas y justo cuando se está saliendo de esta situación, comienzan las decisiones al más alto nivel”, dijo Gutiérrez.

La demanda, cuya evaluación se realizó en una audiencia pública en agosto último, aún no ha sido resuelta.