El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte Zegarra, enfrenta por estos días nuevos cuestionamientos por su relación con funcionarios regionales.

Fue Noriel Chingay, prefecto de Cajamarca hasta el último 8 de noviembre, quien presuntamente se habría encargado -junto con personas de su confianza- de exigir entre 3 mil soles y 5 mil soles a los aspirantes a prefectos y subprefectos en esa región, según un testigo.

En diálogo con Cuarto Poder, dicho informante afirmó que a tales aspirantes también se les pedía apoyar en la inscripción de Ciudadanos por el Perú, un partido en vías de inscripción que es vinculado a Nicanor Boluarte. “Cien (planillas entregaban) a cada uno de los subprefectos (para) recaudar firmas”, manifestó el testigo.

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Perspectivas

Correo conversó con los penalistas Andy Carrión y Carlos Rodas. Ambos coincidieron en señalar que Nicanor Boluarte podría ser investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, el que se sanciona con una pena de 4 años a 6 años de prisión efectiva.

En relación a los funcionarios públicos -es decir, el exprefecto y subprefectos en Cajarmaca-, Carrión detalló que “cuando se recibe dinero a efectos de un intercambio o favorecimiento, podría constituirse el delito de cohecho”.

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Agregó que el “hermanísimo” también podría enfrentar el delito de colusión (de 3 años a 6 años de cárcel).

“Incluso es algo similar a los congresistas ‘mochasueldos’, pues se presume que se exige a los subprefectos cierto dinero para promover un partido. En pocas palabras, le estarían ‘mochando’ los sueldos a estos funcionarios regionales, solo que en este caso no es para un interés personal, sino para terceros, en un hecho vinculado a Nicanor Boluarte”, refirió.

Rodas, en tanto, sostuvo que si se llegara a demostrar “que la presidenta tenía conocimiento de estas prácticas, también entraría en juego el delito de cohecho impropio”.