Impedir que un país siga asediado por las extorsiones, acorralado por el sicariato y agobiado por secuestros y robos parece ser un objetivo ajeno a las prioridades del Gobierno.

Aunque esta misma sensación de desidia no excluye a regímenes anteriores, nunca como ahora la delincuencia puso en vilo a una nación entera y nunca como ahora el Poder Ejecutivo se desinteresa de la urgente necesidad de adoptar medidas extraordinarias.

Este informe aborda uno de los aspectos claves de la inseguridad: El sistema penitenciario.

Allí, algunos datos arrojan tristes resultados. La última vez que se construyó una cárcel en el Perú fue hace más de siete años, en Pasco, mientras que en Lima se hizo el penal Ancón II en 2009, es decir, hace 15 años.

Otro dato: La presidenta Dina Boluarte anunció, en su Mensaje a la Nación del 28 de julio del año pasado, la construcción de cárceles, pero hasta la fecha no hay indicios del más mínimo avance.

¿Por qué es importante tener más cárceles en el país? De acuerdo con expertos consultados por Correo, la falta de centros de reclusión y en consecuencia, la sobrepoblación penitenciaria, pueden ser el factor determinante para la propagación de la delincuencia.

PELIGROSO

El exviministro del Interior Ricardo Valdés considera que el Perú tiene una contradicción cuando se habla de la doctrina penitenciaria, pues la norma sostiene que se debe buscar la resocialización de los presos. Sin embargo, no se entregan los recursos necesarios para conducir esa política.

“Como consecuencia de esa contradicción los penales están abandonados, saturados y eso va a suponer que los internos puedan manejarlos”, indicó Váldes.

En la misma línea explicó que los presos pueden utilizar los penales como búnkeres para manejar negocios ilícitos tal como ocurrió con el sanguinario Comando Vermelho en Río de Janeiro en Brasil.

Esta organización criminal que tiene entre sus actividades el tráfico de drogas, secuestro y extorsión tiene sus orígenes en el sistema penitenciario.

Entre otros ejemplos está el Tren de Aragua que tiene integrantes en libertad y en cárceles de Venezuela, así como la fuga de José Macías Villamar, alias Fito, quien es cabecilla de Los Choneros, una banda ligada al narcotráfico, sicariato y extorsión.

“En ciertos penales del Perú donde no hay control, donde hay está ausencia de la comprensión de lo peligroso que puede ser un penal cuando no hay resocialización, sino que hay una cosa que no tiene nombre. Simplemente es un lugar donde se acumula gente, donde no hay programa para resocializar. Entonces, la propia gente empieza a generar sus recursos. Allí entramos a una dinámica donde el penal es un sitio manejado por los internos, les permite tener protección y luego operar”, afirmó.

Por ello, advirtió que la falta de establecimientos penitenciarios en el Perú es uno de los factores que pueden ayudar al incremento de la inseguridad ciudadana.

En un sentido similar se pronunció el exministro del Interior pedr, quien dijo que el hacinamiento en los penales, la falta de control y la ausencia de políticas penitenciarias son, sin duda, “uno de los principales factores que determinan el crecimiento de las estructuras criminales”.

“Es un factor determinante en la incidencia delictiva, porque los establecimientos penitenciarios hacinados es donde se planifican o se convierten en bases de operaciones, muchas veces se convierten en call centers de las extorsiones y lo más peligroso es que los (presos) de casos primarios terminan cumpliendo una maestría del delito durante su tiempo de reclusión”, alertó.

Además, el extitular del Interior destacó que los establecimientos penitenciarios también se convierten en la principal cantera de las estructuras criminales para el crimen organizado.

“Es ahí donde se reclutan a los futuros miembros o los integrantes de estructuras criminales que se transnacionalizan o que van creciendo dentro del territorio”, dijo.

Desde su punto de vista, para enfrentar y frenar el avance del delito, es fundamental tener una política penitenciaria que incluya: control de penales, reglas claras, combate contra la delincuencia y lo más importante, tener un programa de construcción de nuevos penales.

Finalmente, advirtió que la falta de control de los penales puede convertirse en una herramienta de presión al gobierno, pues las estructuras criminales pueden provocar muertes y motines.

MOTIVO

Para el exministro Vargas, los últimos gobiernos no han construido penales por dos motivos: la falta de voluntad política y la existencia de la burocracia.

“Es básicamente la falta de voluntad política y de liderazgo, así como la burocracia”, afirmó.

Otro aspecto por el que considera que no se construyen más penales está relacionado con la “rentabilidad” que produce ese sistema mediante la corrupción.

“¿Saben cuánto cuesta un espacio en un pabellón de un penal? ¿Cuánto cuesta ingresar bebidas alcohólicas? El hecho de que se pague mensualmente por el servicio de bloqueado de las señales telefónicas, pero en realidad no existe ese servicio. Estamos hablando de una corrupción en torno a penales y hablamos de millones”, precisó.

Por su parte, el exviceministro Valdéz, sostuvo que los titulares que pasaron por el Ministerio de Justicia en los últimos años no priorizaron la construcción de penales.

“Creo que hay una ausencia en la comprensión de la carencia de penales y lo que puede significar para la seguridad del país”, indicó.

Mientras que el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Wilfredo Pedraza, considera que los últimos gobiernos no han tenido una política de construcción de cárceles.

“Salvo el anuncio (que hizo la presidenta) no encuentro más. El INPE tiene expediente técnicos concluidos para la construcción de penales, pero carece de recursos y de una política verdadera para la edificación de las mismas”, explicó.

El también exministro del Interior dijo que “no hubo voluntad política” de parte de las últimas gestiones para entregar recursos para la construcción de penales.

Dijo que si bien en el Perú no se puede contratar directamente a una empresa para la construcción debido a que la ley no lo permite, el proceso sí puede simplificarse para evitar esperar tres años hasta tener un lugar para recluir a los presuntos delincuentes.

En ese sentido, explicó que existe un camino para reducir los tiempos a través de la posibilidad de hacer un convenio con un organismo internacional para que se encargue del diseño y la construcción del penal.

Cabe precisar que la edificación de una cárcel tiene un proceso que puede tardar cuatro o más años, porque se requiere de la elaboración de un expediente, la licitación para convocar a las empresas y la construcción.

“Si se quiere construir pronto y se quiere resolver el problema de la sobrepoblación, esa es la alternativa”, comentó.