Cada vez más complicados. Dos nuevos miembros del Ejecutivo fueron incorporados en la investigación preliminar que se le sigue al mandatario Pedro Castillo por encubrimiento personal y organización criminal, tras la salida del exministro Mariano González del sector Interior.

Se trata del premier Aníbal Torres, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, a quienes la Fiscalía de la Nación incluyó en una pesquisa por delito de organización criminal.

La pesquisa alcanza a Torres Vásquez en su condición de exministro de Justicia, precisó el Ministerio Público en sus redes sociales.

“La fiscal de la Nación (Patricia Benavides) dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal”, refirió la Fiscalía.

“De esta manera, se amplía la investigación preliminar (...) en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por encubrimiento personal y organización criminal”, precisó.

DETALLE. La pesquisa al jefe de Estado comenzó tras la abrupta salida de Mariano González del sector Interior, a fines de julio de este año.

De manera pública, González Fernández denunció que, desde el Gobierno, hubo obstrucciones para la labor de búsqueda del prófugo exministro de Transportes Juan Silva, el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco y del sobrino del mandatario Fray Vásquez Castillo.

Agregó que Castillo Terrones habría decidido retirarlo del cargo por su desacuerdo con la creación del grupo policial encargado de apoyar las acciones del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

ALCANCE. La pesquisa, en un principio abierta contra Castillo por encubrimiento personal, fue ampliada por el delito de organización criminal el 1 de agosto.

En aquella oportunidad, también se comunicó la incorporación del ahora ex subsecretario de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, y el exasesor presidencial Eder Vitón.

La decisión de la Fiscalía de incluir a Aníbal Torres estaría relacionada con las declaraciones que la empresaria y colaboradora eficaz Karelim López brindó a la Comisión de Fiscalización del Congreso meses atrás.

En abril pasado, la lobista, investigada por el Ministerio Público, afirmó ante dicho grupo de trabajo parlamentario que Aníbal Torres quería que Bruno Pacheco “se vaya del país” e intimidó al exfuncionario para que guardara silencio frente a la polémica por presuntos actos de corrupción del Gobierno, entre ellos, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas.

“El premier quería que él (Pacheco) se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión, cuando ya Bruno estuvo fuera. Yo fui la que lo acompañó y también forma parte el ministro Ayala de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable”, dijo López entonces, al detallar que la cita se desarrolló en un departamento en San Borja, cuando Torres era titular de Justicia.

Luego de permanecer varios meses en calidad de no habido, Pacheco se puso a disposición de la Fiscalía a fines de julio y se acogió a la colaboración eficaz.

En tanto, el ministro de Justicia, Félix Chero, ha sido señalado de buscar evitar que el empresario Zamir Villaverde, quien cumplió prisión preventiva por el caso Puente Tarata III, declare sobre la presunta red criminal enquistada en el Ejecutivo.

En este punto, de acuerdo con El Comercio, la Fiscalía de la Nación recogió información del despacho de la fiscal anticorrupción, Karla Zecenarro, quien entregó la transcripción de la declaración del colaborador eficaz CEE-02-SD-2FPCEDCF-2022.

Dicha manifestación, que involucra a Chero, da cuenta de un episodio ocurrido en el penal Ancón I en abril pasado, en que un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se habría presentado ante Villaverde y le entregó un manuscrito con un numero de celular.

Según el colaborador, el trabajador le dijo al empresario que por encargo de Chero se comunique con “ese número, que le iba a atender la asistente del ministro hacia un teléfono satelital”.

El día en cuestión, Villaverde, junto con otros investigado por el caso Puente Tarata, fueron removidos de sus celdas para participar, de manera remota, en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso.

DEFENSA. Mediante sus redes sociales, Chero negó de forma categórica estar relacionado con algún acto ilícito o de corrupción.

“A fin de aclarar esta imputación, expreso mi disposición de concurrir a todos los actos y citaciones que se dispongan, a pesar que dicha investigación carece de sustento jurídico y probatorio”, indicó.

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