La Sala Penal Especial de la Corte Suprema dispuso que el miércoles 15 de junio se presentarán más pruebas y CDs con comunicaciones, en el marco del juicio oral contra el excongresista Kenji Fujimori por presunta compra de votos para evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

Para ese mismo día se ha programado la presentación de la prueba 61, consistente en un reloj y un cable USB, así como las 62 y 63, conformadas por dos CD’S con información del levantamiento de las comunicaciones remitidas por las empresas Telefónica del Perú y Claro.

Al respecto, el director de debate del colegiado, José Neyra, indicó que la próxima audiencia presencial comenzará a las 09:00 horas, la cual se iniciará con el debate de las partes procesales.

Por último, se anunció que la próxima sesión, programada para el miércoles 22, volverá a ser virtual, en la cual se oralizarán los documentos presentados. En la sesión de hoy se visualizaron cuatro videos.

Este juicio comprende también a los acusados excongresistas Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y al exasesor de Kenji Fujimori, Alexei Toledo, a quienes se les imputa haber ofrecido obras al fallecido exlegislador Moisés Mamani.

Según la tesis fiscal, se habría organizado un plan para intentar comprar votos de congresistas a fin de evitar la vacancia del entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski.

La fiscalía pidió 12 años de prisión contra el excongresista Kenji Fujimori, acusado por los presuntos delitos de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado.

También solicitó el pago de una multa de S/ 130 mil para el hermano menor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la inhabilitación por 183 meses para el ejercicio de la función pública.

Según la acusación fiscal, las grabaciones realizadas, demostrarían que los acusados habrían intentado convencer a Moisés Mamani para que vote en contra de la vacancia de Kuczynski Godard.

A cambio de su voto, le ofrecían “financiamiento de proyectos, programas y obras estatales, otorgamiento de puestos de trabajo en el Estado, protección judicial, obtención de ganancias ilícitas fruto del cobro de porcentajes por obras, etc.”.