En la mira. El Ministerio Público emprendió ayer dos investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias contra el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, para quien también solicitó una orden de impedimento de salida del país.
Esto luego de los elementos que evidenciarían un aparente desbalance patrimonial por parte del exfuncionario a quien se le encontró una maleta con $20 mil en un baño en Palacio, además del reporte de presuntas irregularidades en la licitación en la que se otorgó al Consorcio Puente Tarata III, del cual Karelim López -que visitó a Pacheco y a Castillo- es asesora.
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Así, todo indica que el Ministerio Público va a arrinconar a Pacheco, sin embargo, a la fecha, no existen acciones concretas para indagar las evidentes responsabilidades que apuntan al presidente de la República, Pedro Castillo, respecto al hallazgo de dinero en efectivo en la Casa de Pizarro o las reuniones secretas que mantuvo con funcionarios, políticos y empresarios en Breña. Entre ellas, la de Karelim López.
Analistas consultados por este diario aseguraron que existen elementos para que el Ministerio Público disponga abrir una investigación contra el mandatario.
DIFERENCIAS
En principio, desde Piura, el procurador general de la República, Daniel Soria, aseguró que “vienen recopilando” información para evaluar si corresponde una indagación preliminar ante la Fiscalía de la Nación para el caso del jefe de Estado.
Soria también recordó -en RPP- que se encuentra a la espera de que el Gobierno envíe la información requerida acerca de los encuentros en los que participó Castillo Terrones en la residencia ubicada en el pasaje Sarratea.
“Estamos a la espera de esa información. Estamos recopilando otra información para poder evaluar si eventualmente podría haber lo que se llama una investigación preliminar ante el Ministerio Público”, sostuvo.
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No obstante, para el coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, por el momento no existen indicios sobre la comisión de presuntos delitos en torno a las reuniones en Breña, aspecto a considerar para una eventual intervención del Ministerio Público.
“Nosotros tenemos la imagen de irregular de algunas reuniones que no debieran darse, pero ese criterio no implica la comisión en sí misma de un delito. No quiero decir que no exista nada. En otros casos sí intervenimos en reuniones porque previamente el Ministerio Público ha establecido un hecho delictivo”, dijo en RPP.
Tello ha tenido una sospechosa actitud en el caso Los Dinámicos del Centro. Desestimó un operativo de captura antes de las elecciones y hace unos días “olvidó” informar en una entrevista sobre el hallazgo de los 20 mil dólares a Pacheco.
OTRAS INDAGACIONES
Entre tanto, la Fiscalía de la Nación investigará preliminarmente al exsecretario general de Palacio por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito luego de evaluar los primeros hallazgos relacionados con un aparente desbalance patrimonial.
En una nota de prensa, señalaron que, de acuerdo a información financiera recibida, los ingresos del Pacheco Castillo, durante el tiempo que ejerció el cargo, debieron ascender “a S/75,176, pero en su cuenta bancaria suman S/ 95,193, sin considerar los $ 20 mil hallados en el interior de un clóset, ubicado en el baño de su despacho”.
También detectó un depósito en efectivo por S/20 mil por parte de Eric Franco Huaymana Carbajal, quien días antes fue contratado en el Despacho Presidencial, como “servicio de apoyo de chofer de resguardo”.
Ávalos dispuso recibir las declaraciones de Bruno Pacheco, de Eric Huaymana y solicitar a la Presidencia de la República información sobre los ingresos que, por todo concepto, habría recibido el investigado; así como practicar un examen pericial contable financiero sobre el patrimonio de Pacheco y su excónyuge.
Asimismo, por la tarde, la Fiscalía Anticorrupción inició de oficio una investigación contra Karelim López y Bruno Pacheco por el presunto favorecimiento en la obra convocada por Provías Descentralizado.
En este caso, fue la fiscal provincial Karla Zecenarro Monge la que dispuso que su despacho investigue -en un plazo de 120 días- la denuncia de El Comercio sobre la visita a Palacio de Karelim López, cuya empresa ganó un contrato por S/ 232,5 millones en la región de San Martín.
La fiscal también solicitó el impedimento de salida del país para Pacheco.
Omar Tello, coordinador de las fiscalías anticorrupción, detalló que el pedido es por seis meses, “que serían renovables”.
“Dentro de todas las diligencias que viene realizando el Dr. Marco Huamán, se encuentra una solicitud ante el Poder Judicial para un impedimento de salida. Estamos a la espera de la resolución que emita este órgano para poder sobre ello avanzar en las diligencias que tenemos programadas”, refirió.
ANÁLISIS
En diálogo con este diario, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que “no es verdad” que no existan indicios para abrir una indagación preliminar que incluya al presidente Castillo. Ello, al señalar que el mandatario “no podría ignorar un tema de falta de transparencia” en el hallazgo de dinero en efectivo de su exsecretario en Palacio, por la visita en el local de Breña de una persona que parte de un procesos de licitación, y por la revelación “de una oficina privada” donde el jefe de Estado recibía a particulares. “Estas son razones más que suficientes para poder indagar o abrir un investigación preliminar”, dijo.
En ese sentido, Lamas Puccio cuestionó que el Ministerio Público “asuma estas actitudes excepcionales frente al primer mandatario”, cuando su función es investigar y defender la legalidad.
Para el penalista Andy Carrión, la Fiscalía de la Nación si podría iniciar una investigación preliminar contra el presidente Castillo.
“Si es que se toma como parámetro inicial el hecho de que se han producido reuniones con los contratistas, de esta manera, habría un grado de conexión sobre el otorgamiento de estos contratos”, precisó.
En diálogo con Correo, destacó que Pacheco fue subordinado directo del mandatario, por lo tanto, en algún momento podría responder por no haber evitado que este último cometa un delito.