A horas de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, un aspecto poco analizado en la campaña se erige como un aspecto clave: Los software que se usarán en el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Lo que se sabe es que la entidad técnica electoral desplegará un sistema tecnológico clave para el escrutinio, en un escenario que exigirá la máxima transparencia y el control sobre cada etapa del procesamiento de resultados.

¿Son confiables los sistemas operativos que procesarán los votos en estas elecciones? ¿Son pasibles de adulteración o manipulación? Son preguntas cuyas respuestas deberían despejar todas las dudas.

El escrutinio no solo implica el conteo manual en mesa, sino también el tránsito de la información hacia sistemas digitales que permiten su procesamiento y difusión.

Este flujo, desde el acta física hasta su consolidación, se convierte en un punto clave para garantizar la integridad de los resultados.

El reto se intensifica en estos comicios: una carga operativa elevada debido a la competencia de 37 organizaciones políticas y hasta cinco categorías de votación por elector.

Tecnología

Para sostener el conteo en estas elecciones, la ONPE desplegará tres sistemas informáticos que operan en cadena y en momentos distintos del proceso: la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral (SCE) y el Sistema de Presentación de Resultados (SPR).

La propia ONPE describe las tres fases del sistema.

El primer filtro, señala, es el STAE, una herramienta que entra en acción en la propia mesa de votación. Tras el conteo manual de los votos, los miembros de mesa trasladan los resultados a un acta digital en una laptop.

El sistema no solo registra la información: también valida identidades, permite firmas digitales y lanza alertas si detecta errores en las sumas, lo que busca reducir las llamadas “actas observadas”.

Una vez completada, la información se guarda en un dispositivo encriptado y se traslada, en un sobre lacrado, hasta el punto de transmisión del local de votación. Desde allí, los datos son enviados a través de una red privada hacia los centros de cómputo, asegura la ONPE.

En la siguiente fase interviene el Sistema de Cómputo Electoral, en la que las actas -que fueron rellenadas a mano- son digitalizadas, verificadas y procesadas.

Aquí se aplica un doble control: un operador ingresa los datos sin conocer a qué organización política pertenecen los votos, mientras un sistema automatizado, con apoyo de inteligencia artificial, revisa la misma información. Si ambas lecturas coinciden, los votos se contabilizan, si no, el acta pasa a observación.

De acuerdo a la ONPE, las inconsistencias pueden surgir por errores materiales, problemas de legibilidad o fallas en la suma de votos. En esos casos, las actas son derivadas a los jurados electorales especiales, en las que se realiza un recuento voto por voto en audiencias públicas.

Finalmente, en la tercera fase ingresa el Sistema de Presentación de Resultados, el cual cumple la función más visible: publicar la información. A medida que las actas son procesadas, los resultados se van difundiendo y pueden ser consultados por mesa de votación o incluso por número de documento.

Además, las organizaciones políticas y observadores tienen acceso a bases de datos para su propio seguimiento, detalla la entidad.

Todo este circuito, desde el conteo en mesa hasta la publicación digital, busca reducir errores humanos y acelerar la entrega de resultados, según la ONPE.

Ello también implica que cada etapa dependa de un sistema distinto, lo que eleva la exigencia sobre su correcto funcionamiento y control, consideran.

Transparencia

Pero el foco no está solo en cómo funcionan los sistemas, sino en qué tan supervisados han estado. A un día del proceso, no hay información pública clara sobre auditorías independientes que respalden su seguridad y confiabilidad.

El especialista en derecho digital Erick Iriarte hizo hincapié en esa ausencia.

“Una primera pregunta es: ¿estos sistemas han sido auditados? ¿Quién los ha auditado? ¿Y dónde están los reportes de auditoría?”, cuestionó en declaraciones a Correo.

Para el experto, la transparencia debió ser anticipada y no reactiva. “No debería esperar que se la cuestione, sino que debería estar a priori antes del cuestionamiento”, opinó.

Sostuvo que el organismo electoral pudo haber abierto sus sistemas a una revisión técnica más amplia, incluyendo universidades, colegios profesionales y sociedad civil, con el fin de despejar cualquier duda antes del proceso.

“Algo que yo haría, si fuera la ONPE, es publicar todas las auditorías de sistemas que he hecho, sobre todo sobre la transmisión, la consolidación, la publicación de datos”, señaló.

Iriarte advirtió que el uso de tecnología en elecciones no es nuevo, pero sí exige controles en cada fase.

“No hay voto digital, pero sí hay elementos digitales en el proceso”, remarcó.

En ese contexto, recordó antecedentes en la región que encendieron alertas. En Bolivia, el flujo de transmisión de datos fue cuestionado por no seguir el canal previsto, mientras que en Venezuela se detectaron inconsistencias entre los resultados impresos y los datos consolidados.

“Una manera de evitar la duda de que la transmisión de la data pueda ser incorrecta es buscar algún instrumento que no pase por internet, pero el hecho que sea por USB no quita que este pueda ser cambiado en el camino”, indicó.

El especialista también planteó un escenario crítico: la falta de claridad sobre planes de contingencia.

“¿Qué pasa si fallan los sistemas? ¿Cuál es el Plan B?”, se pregunta, al advertir que eventuales problemas eléctricos o caídas del sistema podrían afectar el procesamiento de resultados.

A su juicio, la confianza en el sistema electoral no se construye solo con tecnología, sino con apertura.

“Eso se tendría que haber curado con una transparencia absoluta”, indicó. Añade que la publicación de auditorías y revisiones técnicas habría permitido anticipar cuestionamientos.

Antecedente

Al respecto, cabe informar que a inicios de 2025, la ONPE inició una indagación de mercado con el objetivo de contratar el servicio de auditoría informática de estas soluciones tecnológicas que serán utilizadas en las EG 2026.

Sin embargo, desde entonces no se han conocido resultados ni se ha hecho pública información sobre la ejecución o conclusiones de ese proceso.

En noviembre del mismo año, la Dirección de Fiscalización Electoral Digital del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sí realizó una auditoría, pero enfocada en el voto digital, modalidad que finalmente fue descartada.