Patricia Chirinos Venegas, viuda del empresario Luis León Rupp, hija del legendario senador Enrique Chirinos Soto, es una de las más activas legisladoras de la bancada Avanza País y del Parlamento, con un récord de denuncias constitucionales a los más poderosos funcionarios del Estado. Correo conversó con ella acerca de su último proyecto de ley, del polémico bono del Congreso y el CIDH.

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¿Cuál es el fundamento del proyecto de ley que propone cesar, automáticamente, a los magistrados de la JNJ al cumplir los 75?

Nace del propósito de revisar este tema en todos los órganos constitucionales del Estado. Como integrante de la comisión del Defensor del Pueblo revisamos también los casos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscalía, y otros. En el Poder Judicial y la Fiscalía se respeta el tiempo establecido y el cese automático del magistrado que cumple los 70 años de edad. Automáticamente, al día siguiente ya no pueden desempeñar el cargo. El Art. 156 de la Constitución establece que para ser miembro de la JNJ se requiere ser mayor de 45 y menor de 75 años, pero hay un vacío legal. Si no hay una elección para reemplazar a ese magistrado este se puede quedar mucho tiempo más sin ser cambiado. Lo que propone este proyecto es que se dé un cese automático y asuma el accesitario mientras se procesa la nueva elección. Simplemente, buscamos que se cumpla la ley al pie de la letra.

El proyecto desata suspicacias; se afirma que en realidad apunta contra la presidenta del JNJ, Inés Tello, y querría favorecer a la accesitaria, ¿Qué tiene que decir?

Yo no conozco personalmente a ningún miembro de la JNJ. Tampoco a la persona que sustituiría a la doctora Tello. No tengo nada a dedo para esta institución. Simplemente, estamos haciendo una revisión de este tema en todas las instituciones del Estado. Por otro lado, debo reconocer que no conozco el desempeño de la doctora Inés Tello en el cargo. No he seguido de cerca su gestión.

¿Alguna ojeriza por alguna resolución promovida por la doctora Tello?

No. No hay aquí nada con nombre propio. Lo que hacemos es una revisión general de este tema en todas las instituciones.

En el Poder Judicial, la edad límite es 70 años y en la JNJ, 75, ¿ no debería existir uniformidad ?

Yo no estoy promoviendo un cambio en la edad límite. Considero que todas las instituciones deberían fijar los 70 años como edad límite. No hay necesidad de que sea hasta los 75, desde mi punto de vista.

Pasemos al tema del bono de casi S/ 10 mil para cada empleado en el Parlamento, ¿puede precisar su posición?

Sí. Yo no estoy de acuerdo con esa decisión de la mesa directiva con las firmas de los voceros de todas las bancadas. El bono incluye asesores, técnicos, personal administrativo y trabajadores de limpieza. En este último caso, siempre voy a estar de acuerdo porque es un personal que trabaja muy duro, sobre todo trabajo físico, y nunca ha sido bien remunerado. Pero entregar un bono de más de nueve mil soles a los asesores que ganan bien, que tienen su gratificación, bono de escolaridad, y que en julio van a recibir su gratificación, la verdad, no estoy de acuerdo. Y después, las autoridades del Poder Legislativo se quejan de no tener aceptación popular. Me parece una vergüenza haberles entregado este bono.

¿Va a promover algún procedimiento al respecto?

Estoy en proceso de presentar una moción. (...) Por supuesto que los trabajadores del Congreso no me están viendo con buenos ojos, incluyendo a los de mi propia oficina. Porque nadie quiere devolver el bono. Ya se les entregó el dinero al día siguiente de ese acuerdo. Yo no tengo por qué callar lo que pienso y lo que me parece justo . (...)

Veo bien complicada la devolución del bono, la verdad. Pero, al menos dejo mi posición marcada. Si no se va a poder retornar este dinero al tesoro público, por lo menos no vuelva a suceder.

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En cuanto al informe de la CIDH, ¿qué opina de las conclusiones?

Ya muchas personas lo han dicho; yo lo reafirmo: es un informe sesgado, ideologizado, con inclinaciones a la izquierda, plagado de mentiras (...) Hay muchas omisiones. No se menciona la infiltración del Movadef, el cierre de carreteras, los ataques concertados a aeropuertos, no se menciona de dónde vino el financiamiento y, muchos menos, a los azuzadores políticos con cargo congresal como Bermejo y Bellido.

¿Perú debe retirarse de la CIDH?

Yo pienso que no. Más bien hay que fundamentar técnicamente nuestra posición y, con los países demócratas, podamos poner

en la CIDH y la Corte IDH a los mejores profesionales, imparciales e independientes.