César Ochoa Cardich, uno de los siete magistrados del Tribunal Constitucional (TC), dijo que todavía no se han pronunciado sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el Congreso por la elección del defensor del Pueblo, y sobre el cual el Parlamento ha planteado una ampliación para que también haya un pronunciamiento sobre el artículo 117 de la Constitución.
“Cabe precisar que el TC no tiene función consultiva. Entiendo, no lo hemos analizado, que este pedido de ampliación de la demanda tiene relación justamente con la demanda y se supone que debe haber un nexo entre este pedido y la demanda del proceso competencial. Eso se verá en su momento”, aseveró en declaraciones a RPP.
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“Vamos a estudiar el nexo que supuestamente existe entre este pedido de interpretación del artículo 117 con la demanda del proceso competencial presentada contra el Poder Judicial”, comentó.
Miembro Tc
Ochoa Cardich se pronunció luego que la presidencia del Congreso, a cargo de José Williams, presentara formalmente un pedido de ampliación de su demanda competencial contra el Poder Judicial, para que haya una interpretación del artículo 117 de la Constitución que precisa los delitos por los cuales el presidente en funciones puede ser denunciado.
El magistrado reiteró que hay un paso previo de admisión de demanda, luego del cual se procede a pedir a la entidad emplazada, en este caso el Poder Judicial, que responda en un plazo de diez días.
En esa línea, dijo que es probable que el pleno del TC se pronuncie a favor de priorizar la evaluación de esta demanda iniciada por el Poder Legislativo.
“Hay un tema de complejidad y de gran trascendencia nacional que obliga un examen detallado, más aún que se ha planteado una ampliación del petitorio respecto a la interpretación del artículo 117. Repito, esta es una demanda iniciada contra el Poder Judicial”, aseveró.
Magistrado del TC: Evaluaremos si hay un nexo entre artículo 117 y la demanda contra Poder Judicial
César Ochoa dijo que todavía no se han pronunciado si es que admiten o no la demanda del Parlamento por la elección del defensor del Pueblo.