Mientras la inseguridad golpea a diario en las calles del país, el Ministerio Público enfrenta una crisis interna que compromete su capacidad de respuesta: no cuenta con suficientes fiscales para atender el creciente número de denuncias y casos penales.

La situación es particularmente crítica en las unidades de flagrancia, donde se procesan detenciones por delitos como sicariato, extorsión y robo agravado. “No tenemos la cantidad suficiente de fiscales para hacer frente a esta situación. Es un problema que se repite en todas las regiones del país”, reconoció la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Por ello, la titular del Ministerio Público solicitó al Ejecutivo un presupuesto adicional de 460 millones de soles. El objetivo es ampliar el número de plazas fiscales, adquirir equipamiento, mejorar la infraestructura y capacitar al personal de las unidades especializadas.

Aunque la carga de trabajo no es nueva, se ha agravado con la creciente violencia urbana. En muchas fiscalías, el personal no logra procesar a los detenidos dentro del plazo legal, lo que ha generado críticas sobre presuntas liberaciones de delincuentes.

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