El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 381 del Código Penal a fin de que se incremente la pena a quienes comente coman el delito de nombramiento y aceptación ilegal de un cargo público.

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“El funcionario público, que hace un nombramiento, designación o encargatura, para cargo público a persona en quien no concurren los requisitos legales, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos años ni mayor a cinco años. El que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena”, indica la iniciativa.

En esa línea, señaló que, tanto el funcionario público, como aquel que aceptó el cargo sin contar con los requisitos legales, “serán inhabilitados para ejercer la función pública o contratar con el Estado”, tal como lo estipula los incisos 1, 2, 4 y 8 del artículo 360 del Código Penal.

“Por un periodo máximo de 4 años, contados a partir de la fecha de expedición de la sentencia firme y consentida”, se agrega.

Asimismo, se indica que el nombramiento ilegal se denunció en numerosas oportunidades, sobre todo en el interior del país, pero que solo se ha conocido algunas “acciones penales de parte del Ministerio Público”.

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“En la jurisprudencia se han constatado sentencias contradictorias de la Corte Suprema, mediante las cuales algunas autoridades pretendieron librarse de una condena por este delito, argumentando que ellos no “nombraron” sino que “designaron”. Algunos magistrados aceptaron esta interpretación literal de la norma, y los absolvieron. Sin embargo, existen otras sentencias que no aceptaron este argumento de defensa, y rechazaron los recursos impugnatorios, incluyendo casaciones”, se precisa.

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