El Ejecutivo acaba de contratar a un estudio de abogados de Estados Unidos para enfrentar la demanda interpuesta por la empresa Odebrecht, que se encuentra en clara oposición a los efectos del Decreto de Urgencia 003.

Se trata del estudio Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, que defenderá al Estado frente las subsidiarias Odebrecht Latinvest S.A. y Odebrecht Latin Finance S.A.R.L., y cuyo proceso de contratación estuvo a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

La información se dio a conocer ayer a través del boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, y lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi.

Recordemos que Odebrecht se adjudicó la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), situación que viene siendo investigada por el fiscal anticorrupción Reynaldo Abvia Arrieta. Sobre este tema se tiene la hipótesis de que ciertos funcionarios fueron sobornados por esa empresa.

La ausencia de financiamiento para el GSP se debe a los escándalos de corrupción que involucran a Odebrecht, debido a que diversos bancos le negaron al consorcio los fondos necesarios.

CONTROVERSIAS. La constructora brasileña considera que existen tres puntos de controversia iniciales que perjudicarían sus negocios en el Perú.

Por ejemplo, indica que el D.U. 003 y la disposición ministerial N°066 representan un “impedimento” a la libre disposición y transferencia de capital de las empresas antes señaladas, y que bloquean y retienen sus bienes y activos.

Se quejan de la emisión de la Ley N°30543 -que elimina el cobro en recibos de luz-, que fue aprobada en marzo pasado por el Congreso.

Un punto adicional tiene que ver con los embargos establecidos por la Sunat con respecto a las cuentas bancarias de ambas subsidiarias. De acuerdo con su postura, el daño sufrido por ellas al haber sido disuelto el contrato “no es cuantificable” actualmente.

FACULTAD. La contratación del estudio de abogados por el Estado se encuentra amparada por la Ley N°28933, la misma que permite la conformación de una comisión especial para resolver controversias internacionales en materia de inversión.