Ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria global por la COVID-19.

En ese contexto, es preciso recordar que el Perú fue el país con la mayor tasa de mortalidad del mundo durante la epidemia.

Y aunque se ha descartado la posibilidad de una nueva ola en el país, el Perú todavía espera que los responsables del mal manejo de la pandemia -que tuvo como consecuencia el deceso de 219,610 personas- respondan ante los fueros judiciales.

RESPONSABLES

El expresidente Martín Vizcarra, sin duda alguna, encabeza la lista de los responsables por ser el peor país en el manejo de la pandemia.

Cuando estaba al frente del país, tomó decisiones como la imposición de un aislamiento social obligatorio a nivel nacional para prevenir los contagios, medida que se extendió por 107 días.

Sin embargo, lejos de enviar un mensaje de tranquilidad, el exmandatario desató el pánico. El papel higiénico fue el primer producto de necesidad básica en agostarse en todos los mercados y supermercados.

Las desesperación de las personas por adquirir el producto provocó aglomeración, elemento clave para promover los contagios.

Por su parte, Pilar Mazzetti se encontraba a cargo del Ministerio de Salud cuando se reveló que existía un desfase en el número de fallecidos por el virus. Mientras que el Gobierno informaba la cantidad de decesos por día, la realidad era otra porque había al menos un desfase de más de tres mil casos.

Por su parte, Vicente Zeballos (expremier), María Antonieta Alva (exministra de Economía) y Elizabeth Hinostroza (exministra de Salud) fueron los encargados de firmar el Decreto de Urgencia N° 028-2020 que estableció nuevas medidas para intensificar el diagnóstico de la COVID-19.

Se destinaron más de 100 millones de soles para la adquisición de 1.6 millones de pruebas rápidas.

Esto a pesar de que la mayoría de países optó por la compra de pruebas moleculares debido a su efectividad.

Precisamente, las pruebas rápidas arrojaban falsos negativos, lo que desencadenaba en contagios y decesos.

Por su parte, cuando Víctor Zamora asumió como ministro de Salud, no hizo nada por cambiar ese escenario.

Incluso, anunció la llegada de más pruebas rápidas como si se trata de un gran logro.

“Las pruebas ayudarán a diagnosticar si las personas que deseen regresar a sus hogares tienen el virus”, afirmó.

Sin embargo, meses después y cuando ya no se encontraba en el puesto, reconoció que no se debieron utilizar dichas pruebas pero que “eso era lo que había”.

Finalmente, destaca el nombre de Farid Matuk, entonces integrante del Comando COVID-19 que apoyaba al Gobierno de Vizcarra con las políticas públicas para hacer frente al virus.

Él fue el autor de la idea de salidas diferenciadas por género. Los hombres podían salir los lunes, miércoles y viernes; mientras que las mujeres los martes, jueves y sábados, en tanto, los domingos todos se quedaban en casa.

La decisión que no duró ni una semana provocó desorden y aglomeración. Matuk reconoció que la circulación por género resultó un error.

Para justificar su equivocación dijo: “Por un exceso de igualdad me equivoqué”.

VACUNAGATE

Hay otro grave hecho por el que exfuncionarios deben responder.

Se trata de la vacunación irregular de un grupo de personas mientras miles de peruanos fallecían, caso que fue posteriormente denominado como “Vacunagate”.

En el grupo aparecen el expresidente Vizcarra, que recibió dosis de Sinopharm. Incluso, consiguió que su esposa Maribel Díaz y su hermano mayor, César Vizcarra, sean inmunizados.

La ministra Mazzetti aseguró que se vacunaría una vez que todo el personal relacionado a su sector haya recibido su primera dosis, porque “el capitán es el último que abandona el barco”.

Sin embargo, todo fue para las cámaras. Una semana después, se reveló que la extitular de Salud ya había recibido su primera dosis.

En el grupo también destaca el investigador Germán Málaga, cuya tarea era velar por la confiabilidad del estudio de las vacunas de Sinopharm, aunque terminó por distribuirlas en altos funcionarios y en familiares.

Por otro lado, una situación similar ocurrió con Elizabeth Astete, quien se desempeñaba como ministra de Relaciones Exteriores en la gestión de Francisco Sagasti.

Ella aseguró que se aplicó la vacuna porque tenía que cumplir viajes a Tumbes y porque se trataba de una persona en edad de riesgo, al tener 68 años de edad.

Aunque afirmó que Sagasti dio autorización para su vacunación, Palacio descartó dicha versión.

ERRORES DE GESTIÓN

A más de tres años del inicio de la pandemia de COVID-19 en el Perú, es posible identificar nueve errores principales y desaciertos que cometió el Gobierno en el combate contra el virus.

El primero, advertido incluso por diversos especialistas, es el no fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, pese a la promesa reiterativa de las autoridades. Actualmente los puestos médicos y postas de salud no cuentan con la capacidad para atender a pacientes, dado problemas de infraestructura, escaso personal médico o limitado equipamiento logístico.

A ello se suma la falta de personal y equipos para incrementar las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en los hospitales a nivel nacional.

Esta falencia fue reportada en la primera ola del virus tras el incremento de casos graves. Gremios médicos alertaron también el colapso de hospitales y la falta de equipamiento para la incorporación de nuevas unidades para la atención médica.

Incluso, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva advirtió que los médicos no estaban permitiendo el ingreso de adultos mayores a las UCI dado que su pronóstico de recuperación era bajo frente a adultos jóvenes.

Por otro lado, la severa cuarentena nacional instaurada por el gobierno de Martín Vizcarra generó la peor caída de la economía y duplicó las cifras de desempleo en el Perú, donde uno de los problemas estructurales es la informalidad.

El reinicio gradual de actividades productivas se autorizó recién dos meses después con la reapertura -con ingreso limitado- de los centros comerciales.

Asimismo, durante el 2020, se dispuso el uso de protectores faciales en espacios donde el distanciamiento entre las personas fuera reducido, como transporte público, interprovincial y aeropuertos. No obstante, epidemiólogos e infectólogos cuestionaron la medida por la falta de eficacia de este elemento para proteger a la población frente a los resultados del uso adecuado de la mascarilla.

Otro grave error que cometió el gobierno fue la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico del virus en la ciudadanía, pese a que, desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejó su como base de la estrategia sanitaria.

La gestión del entonces mandatario Martín Vizcarra destinó millonarias sumas en la adquisición de este tipo de pruebas y abrió un mercado privado de importaciones para este test.

En tanto, la falta de previsión para la instalación de plantas de oxígenos se hizo evidente ante la elevada demanda de este elemento durante la segunda ola de coronavirus en el Perú. La escasez del mismo generó que familias enteras realicen largar filas para proveer de oxígeno a seres queridos cuya salud se deterioraba por la enfermedad.

Respecto a la demora en la llegada de vacunas al Perú, en diciembre del 2020, se informó que la gestión del expresidente Vizcarra firmó “acuerdos de interés” y solo dos “acuerdos vinculantes”, con el fondo Covax Facility y la compañía Pfizer para la compra de vacunas. Sin embargo, ello no significó el cierre oficial de negociaciones, labor que recayó en el gobierno de Francisco Sagasti.

El primer lote de vacunas contra la COVID-19 llegó al país en febrero del 2021 cuando otros países de América Latina ya registraban un importante avance en su proceso de inmunización.

Otro aspecto a recordar es el tenso acuerdo entre las clínicas privadas y el gobierno de Vizcarra para la atención de pacientes COVID-19. No obstante, a solo tres meses de firmado el convenio, la Contraloría informó que solo se atendieron a 24 pacientes y concluyó que no hubo una adecuada supervisión del proceso de intercambio prestacional.

Es preciso señalar que otro de los desaciertos vistos en el combate de la pandemia fue la medida dispuesta por las autoridades de establecer salidas diferenciadas para hombres y mujeres durante el estado de emergencia. Ante las críticas, la medida se canceló y se dispuso el desplazamiento de una persona por núcleo familiar de lunes a sábado.

IMPACTO

El Perú fue considerado el país con la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo por el COVID-19. En enero del 2022, The Economist estimó que en el país se registraron entre 210,000 y 200,000 millones de decesos por el virus cuando la cifra que manejaban las autoridades entonces solo alcanzaba un total de 203,019 personas.

El pico más alto de decesos por COVID-19 ocurrió durante la segunda ola: el 9 de abril, fecha en que en un solo día se registró la muerte de 827 personas.

Según el Minsa, al cierre de abril de este año, se ha registrado oficialmente 220,085 víctimas mortales por la pandemia en el Perú, siendo un sector importante los adultos mayores (153,618).