Ni un paso atrás. El Congreso se aferró ayer, celosamente, a que sus bolsillos reciban el nuevo pago de 3 838 soles por concepto de función parlamentaria.

En medio de una vorágine de cuestionamientos, la Junta de Portavoces se negó a que esta asignación, aprobada por la Mesa Directiva, sea vista o anulada por el pleno.

La negativa fue decidida por la Junta de Portavoces y la Oficialía Mayor. El argumento fue que el pleno no debate temas administrativos.

No obstante, desde el interior de ese poder del Estado se evalúa otra alternativa para dejar sin efecto este acuerdo que afecta la ya alicaída imagen del Legislativo.

LA HISTORIA

El origen de este incremento data de abril de 2023, cuando el general AP (r) José Williams era presidente del Congreso.

Por esas fechas, un grupo de congresistas presentó por primera vez un pedido para que el pago por función congresal se incremente.

La increíble justificación fue que el costo de vida había aumentado y que se requería de un mayor presupuesto para los gastos que demandaban, irónicamente, las actividades de representación.

Como se sabe, los gastos de función congresal se destinan a la Semana de Representación que cumplen los legisladores al interior del país.

Sin embargo, la respuesta de la administración del Congreso fue rechazar el pedido.

Luego, en la gestión de Alejandro Soto, actual titular del Legislativo, un documento similar recorrió subrepticiamente las oficinas parlamentarias.

Otra vez se argumentó que el costo de vida se había incrementado.

A diferencia del primer caso, esta vez hubo más adeptos y el 5 de enero de 2024 se formuló el planteamiento.

La propuesta fue elevada a la Mesa Directiva del Congreso que integran Soto (presidente), Arturo Alegría (primer vicepresidente), Waldemar Cerrón (segundo vicepresidente) y Roselli Amuruz (tercera vicepresidente).

El órgano colegiado no encontró mayores objeciones a la propuesta y el 19 de abril decidió aprobarla en una reunión reservada.

Correo supo que hasta ahora no se ha depositado el incremento de que va de 7 617 soles a 11 000. Sin embargo, a partir de mayo empezará a ejecutarse el acuerdo.

REVERSIÓN

Las voces contrarias a esta decisión también incluyen a algunos legisladores.

Los primeros fueron Flor Pablo y Roberto Chiabra (APP). Luego, José Williams, expresidente del Congreso, y Susel Parades.

Todos ellos encontraron innecesario el incremento. Pablo y Chiabra plantearon que el tema sea debatido en el pleno.

Pero recién ayer la bancada de Cambio Democrático formuló que el acuerdo de la Mesa Directiva sea analizado por la Junta de Portavoces con el fin de que el pleno se pronuncie.

No obstante, la respuesta de la Junta de Portavoces y de la Oficialía Mayor fue negativa porque señalaron que el pleno no considera “materia de discusión” un tema administrativo.

Ante ello, Sigrid Bazán propuso otra vía. “El otro camino es sacar una hoja de exoneración, que son papeles que juntan firmas y con las firmas de otros voceros se pueden traer temas al pleno que no han pasado por comisión. Es decir, se exonera de comisión, de Junta de Portavoces o de Consejo Directivo”, planteó.

Por su parte, Eduardo Salhuana (APP) afirmó que el tema debería quedar sin efecto pues es “inoportuno”.

“Creo que esa reconsideración tiene que proceder. Personalmente sí estoy de acuerdo con que se anule”, indicó.

Entre tanto, Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que las decisiones que toma la Mesa Directiva tienen que ser adoptadas con el mejor criterio posible.

“Esto se tuvo que haber dado de la forma correcta y no como se ha dado. Este gesto no ayuda en nada a la imagen del Parlamento”, aseveró.

A FAVOR.

Desde el otro lado, Flavio Cruz, de Perú Libre, indicó que el Parlamento se ha convertido en una “piñata” para todos.

Por ello, propuso que deberían verse los sueldos de ministros, de funcionarios del Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado), la Contraloría, el Banco Central de Reserva y otros organismos en lugar de hacerle un cargamontón al Legislativo.

“Veamos a todos cuyos sueldos le duplican o triplican al de un congresista. Eso es una verdad”, expresó.

Waldemar Cerrón, de la misma bancada y vicepresidente del Congreso, opinó en los mismos términos.

En Canal N señaló que el caso “no afecta tanto a la economía como se está mencionando”. Por el contrario, expresó que “permite que los congresistas brindemos un mayor servicio y de mejor calidad a la población”.

Más tibia, Rosselli Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, consideró que no podría juzgar a quienes sí requieren de mayor dinero por cumplir su función congresal.

A FAVOR.

El que sí se mostró de acuerdo con el aumento fue el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. Indicó que el salario de los congresistas ha ido cayendo debido a la devaluación monetaria.

Opinó que, si se mide el aumento por ciertos legisladores cuestionados, entonces se distorsiona el carácter institucional y se crea un interés personal.

“La remuneración parlamentaria de 15 600 soles data de hace muchos años”, expresó.

Recordó que antes “la remuneración era de más de 30 mil soles” pero que con la gestión del expresidente Alan García, se redujo a la mitad. Sostuvo que desde esa fecha hasta hoy “se incrementó la remuneración mínima vital para todos”.

“Entiendo que por esas fechas (de García) la remuneración mínima vital era por debajo de los 500 soles. Ahora estamos por encima de los mil soles”, manifestó.

Insistió en que la remuneración de un parlamentario “ha ido decayendo” y añadió que no se debe realizar una campaña de desprestigio al Legislativo.

Análisis. Sobre el tema, el exoficial mayor Gustavo Delgado-Guembes indicó que el aumento no se justifica ni se puede comparar con otras instituciones del Estado.

Sostuvo que cuando se recibe un emolumento, salario o jorna, “se entrega un servicio”.

“La pregunta es: ¿qué servicios nuevos o mejores han sido optimizados como consecuencia del rendimiento del Congreso? ¿Es un premio por el desempeño funcional o una dádiva?”, enfatizó.

Delgado-Guembes se preguntó qué métodos se utilizan para definir si se cumple o no con las expectativas que tiene el sistema político respecto del rendimiento de los legisladores.

“Sería el último de oponerme de que se les entregue una bonificación si es que tenemos una justificación con los mejores servicios del Parlamento”, aseguró.

Añadió que no se sabe cómo se mide el rendimiento de los legisladores más allá de las leyes que promulgan y que son “de dudosa calidad”.