El Ministerio Público -la institución encargada de perseguir el delito y defender a la sociedad- tiene en curso cinco investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que habrían ocurrido durante los primeros cinco meses del gobierno de Pedro Castillo Terrones, es decir, en un tiempo récord.

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La tarea, aunque constitucional, resulta complicada pues implica investigar al poder y acreditar ante el Poder Judicial los cargos contra todos los imputados.

En el subsistema anticorrupción, cuyo coordinador es el fiscal coordinador Omar Tello, hay tres fiscales provinciales titulares, con sus respectivos equipos de fiscales adjuntos, que tienen a su cargo casos vinculados a la corrupción presuntamente ligada a esta gestión gubernamental. Cada uno de ellos trabaja con plazos y estrategias distintas (ver infografía).

Por ejemplo, Marco Huamán Muñoz, del Cuarto Despacho de la Segunda Fiscalía anticorrupción, investiga al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco Castillo, y los que resulten responsables por la presunta presión desde el Ejecutivo ante el jefe de la Sunat, Enrique Vera, para favorecer a empresas que tenían deudas con el Estado.

Huamán fue el primer fiscal que dispuso intervenir la casa de Pizarro, el pasado 19 de noviembre, en una diligencia que será recordada por el escandaloso hallazgo de 20 mil dólares en el baño de la oficina de Pacheco Castillo.

Luego, a pedido del representante del Ministerio Público, el Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida del país contra Pacheco.

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Luego, el funcionario presentó su renuncia al cargo días antes de que se conociera que la fiscal Karla Zecenarro, del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, abriera una nueva pesquisa en su contra. El caso surgió a raíz de la revelación del programa Cuarto Poder sobre las visitas subrepticias al jefe de Estado en la vivienda ubicada en el pasaje Sarratea, distrito de Breña, por parte de Pacheco cuando este aún ostentaba el cargo de secretario general, y Karelim López, asesora empresarial de la empresa Termirex, que integró el consorcio Puente Tarata III.

Según las pesquisas, estas visitas se produjeron antes y después de la buena pro otorgada a dicho consorcio. Luego, el Poder Judicial declaró fundado el pedido de impedimento de salida del país por ocho meses para los investigados Pacheco y López Arredondo.

El 17 de noviembre pasado, Zecenarro dispuso un megaoperativo de allanamiento a las viviendas y otros inmuebles vinculados a la empresaria Karelim López, el exsecretario presidencial Bruno Pacheco y diversas empresas.

Por este caso, la Procuraduría General del Estado, a cargo del abogado Daniel Soria, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Nación contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Hasta el momento, el despacho de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no ha tomado una decisión sobre si abre una investigación, a pesar del documento enviado por la defensa del Estado.

RAPIDEZ. La tercera investigación, a cargo de la fiscal Norah Córdova, fue la más inmediata en tomar acciones, tras revelarse las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades en torno a un contrato público

Panorama y Punto Final dieron cuenta de visitas al presidente Castillo por parte del gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh, la asesora Karelim López y Gregorio Sáenz Moya, miembro de la Junta Nacional de Palmicutores. Todos consignaron en mesa de partes que buscaron al jefe de Estado. Dieciocho días después, la empresa de Abudayeh, Heaven Petroleum Operators S. A, ganó una licitación por 74 millones de dólares.

Al día siguiente de las revelaciones periodísticas, la fiscal Córdova abrió una investigación preliminar contra todos los involucrados en las visitas a Palacio por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

Entre sus diligencias, la representante del Ministerio Público dispuso intervenir las sedes de Palacio de Gobierno y Petroperú el lunes último. A Palacio, acudieron el miércoles siguiente y a la empresa estatal, el jueves.

Los fiscales adjuntos del despacho de Córdova, Luis Mina y Luis Medina, dejaron constancia, en sendas actas, la falta de colaboración por parte de las autoridades para brindar facilidades en las citadas diligencias.

Norah Córdova envió el extremo de la carpeta fiscal correspondiente al mandatario Pedro Castillo para que la Fiscalía de la Nación proceda conforme a sus atribuciones: es decir, abra investigación preliminar, algo que hasta ahora no ha sucedido.

PENDIENTES. En la Fiscalía de la Nación, hay dos investigaciones adicionales vinculadas a Palacio. La primera tiene que ver con las presuntas presiones ejercidas desde el Ejecutivo sobre los ex comandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú con el fin de influir en los ascensos militares.

En este caso, hasta el momento el exministro Walter Ayala y Bruno Pacheco son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

El presidente de la República solo figura como testigo. El lunes último, acudió al despacho de Zoraida Ávalos, titular del Ministerio Público, para solicitarle que se reprograme su testimonial al 28 de diciembre.

Zoraida Ávalos abrió otra investigación por presunto enriquecimiento ilícito a Bruno Pacheco, tras el hallazgo de 20 mil dólares en su oficina cuando era secretario presidencial.

De acuerdo con la información financiera recibida, la Fiscalía estableció que los ingresos de Pacheco Castillo durante el ejercicio de su función pública, esto es, del 30 de julio al 23 de noviembre de 2021, debieron ascender a S/ 75 176. Sin embargo, los ingresos en su cuenta bancaria sumaron S/ 95 193, sin considerar los US$ 20 mil hallados en el interior de un clóset ubicado en los servicios higiénicos de su despacho. También se detectó un depósito en efectivo por la suma de S/ 20 000, realizado el 20 de agosto de 2021 por Eric Franco Huaymana Carbajal, quien el 13 de agosto de este año fue contratado en el Despacho Presidencial, como “servicio de apoyo de chofer de resguardo”.

El exsecretario presidencial Bruno Pacheco aseguró que Karelim López acudió a Palacio para reunirse con el jefe de Estado para “apoyar a Palacio de Gobierno” con sus opiniones como empresaria y políticas.

“Es simplemente una conocida que fue a Palacio, como todas las personas que fueron a Palacio de Gobierno con la intención de brindar apoyo al Gobierno, de aportar con opiniones empresariales y con apreciaciones políticas. Esa es la única razón”, aseveró Pacheco al medio Perú Digital.

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