La congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia constitucional contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde por presuntamente haber cometido los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Además, solicitó que sea inhabilitado de la función pública por 10 años.
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En la misiva dirigida a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Lady Camones, Chirinos Venegas acusa a Sánchez Velarde de haber infringido los artículos 39, 139 y 159 de la Constitución.
La parlamentaria de la bancada Avanza País fundamenta la acción contra el exfiscal de la Nación en el testimonio brindado por Jaime Villanueva, que lo involucra en presuntas coordinaciones en el caso Lava Jato. Además, se basa en las versiones reveladas por medios de comunicación y miembros del Ministerio Público, que acusan a Sánchez Velarde de haber intervenido en una diligencia fiscal para obtener las fuentes de los denominados ‘CNM Audios’, difundidos por IDL-Reporteros en 2018.
“El haber impedido ilegalmente una diligencia fiscal así como el permitir que una ONG despache desde la propia Fiscalía y allanarle el camino a su amigo Vizcarra, constituyen delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia. Por ello, he presentado DC contra el fiscal Pablo Sánchez solicitando su destitución e inhabilitación de toda función pública hasta por 10 años”, escribió Chirinos en su cuenta de ‘X’.
En la denuncia se señala que, según declaraciones del fiscal Rodrigo Rurush Castillo, el fiscal supremo habría intervenido en la suspensión de las diligencias en el local del Instituto de Defensa Legal (IDL) tras una llamada con el periodista Gustavo Gorriti.
Dicho operativo tenía por objetivo revisar los audios publicados por la ONG que comprometieron a miembros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura y otros integrantes del sistema de administración de justicia involucrados en actos de corrupción.
“La presunta actuación del ex fiscal de la Nación, se enmarca dentro de la tipificación de delito de obstrucción de la justicia y merece ser objeto de una investigación. Toda vez que en palabras del Fiscal Rurush, el ex fiscal de la nación habría llamado exigiendo que suspenda la diligencia de exhibición de documentos, en el Instituto de Defensa Legal, bajo la amenaza que de no hacerlo debería ‘abstenerse a las consecuencias’”, concluyó Chirinos.
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