El Gobierno de Pedro Castillo se ha caracterizado, en las últimas semanas, por verse involucrado en investigaciones del Ministerio Público tras la difusión de informes periodísticos que implican a personas cercanas al jefe de Estado.

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Estos procesos se han visto reflejados en cinco diligencias fiscales que el Ministerio Público ha llevado a cabo entre los meses de noviembre y diciembre de este año.

Este número supera al número de acciones fiscales que se llevaron a cabo en la sede de Gobierno en los últimos años. Específicamente, durante todo el mandato de los expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Martín Vizcarra entre el 2016 y 2020, el Ministerio Público realizó cuatro diligencias en Palacio de Gobierno.

PPK declaró en Palacio de Gobierno en diciembre del 2017 ante el fiscal Hamilton Castro, quien entonces era parte del equipo especial Lava Jato, quien lo interrogó en condición de testigo por supuestas irregularidades que cometió como ministro de Economía durante el gobierno de Alejandro Toledo.

La ampliación de esta declaración fue el 15 de marzo del 2018, antes que Kuczynski renunciara al cargo de jefe de Estado.

En el mes de junio del 2020, la fiscal Janny Sánchez intervino la oficina de la Secretaría General de Palacio de Gobierno por la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación del artista Richard Cisneros (”Richard Swing”) en el Ministerio de Cultura durante la gestión de Vizcarra Cornejo.

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La tercera diligencia fue un mes después, en julio del 2020, cuando el fiscal Reynaldo Abia acudió como parte de la investigación preliminar por presuntas irregularidades en la contratación de los hermanos Jorge Mere Vidal y Claudia Mere Vidal, expareja y excuñada de la entonces secretaria general del despacho presidencial, Mirian Morales.

Los US$20 mil de Bruno Pacheco

El 19 de noviembre se llevó a cabo la primera diligencia fiscal en Palacio de Gobierno del actual Gobierno, cuando cuatro fiscales anticorrupción llegaron con apoyo de la policía a Palacio de Gobierno en el marco de la investigación contra el hasta entonces secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco.

“(La investigación) se encuentra motivada en la información pública, relacionada con las gestiones que habría realizado Pacheco Castillo ante el jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, Luis Vera Castillo, para favorecer a empresas privadas que tendrían deudas tributarias con el Estado”, informó la fiscalía en un comunicado.

Es en esta operación fiscal que Bruno Pacheco permitió el acceso al baño y vestidor que tenía en su despacho, donde el todavía funcionario reveló que tenía guardados US$20 mil en un ropero, “señalando que el dinero es producto de sus ahorros y del sueldo que percibe como secretario general del Palacio de Gobierno, sueldo que asciende a la suma de S/25 mil soles”. Esto es lo que se detalló en el acta fiscal.

Primera diligencia del caso Petroperú

El noticiero Punto Final informó el 19 de diciembre que el 18 de octubre, el presidente Pedro Castillo recibió en su despacho al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo; a Samir Abudayeh Giha, gerente de Heaven Petroleum Op.; y a la empresaria Karelim López. Menos de un mes después, el 11 de noviembre, Heaven Petroleum ganó una licitación en Petroperú para venderle biodiesel por US$ 70 millones.

Ante esto, la fiscalía anticorrupción a cargo de la fiscal Norah Córdova inició una investigación preliminar contra los empresarios y el gerente general de Petroperú, y dispuso el lunes 20 de diciembre una diligencia de recojo de información en Palacio de Gobierno.

Ese día se registraron incidentes en la sede del Ejecutivo. Según se consignó en una de las actas fiscales, el personal de Palacio de Gobierno informó que el presidente de la República, Pedro Castillo, había dispuesto que no se ingresara al despacho de la Secretaría General. Esto fue negado por el abogado del mandatario, Eduardo Pachas, quien reclamó que no fue reconocido como representante legal del presidente.

Segunda diligencia de Petroperú

Dos días después, el 22 de diciembre, la fiscal Norah Córdova informó que se había dispuesto una segunda diligencia en Palacio de Gobierno para seguir con la labor que aseguró se vio frustrada porque no se permitió el ingreso de los fiscales a varias áreas.

“En este momento un grupo de fiscales están en Palacio de Gobierno a raíz de las palabras del abogado Pachas [abogado del presidente] que dice que dan todas las facilidades, que ellos no ocultan nada. Tengo información de que ya empezó, pero no sé si entraron a Palacio”, dijo en declaraciones a Canal N.

Ese mismo día, el Gobierno emitió un comunicado asegurando que, según dispuso Pedro Castillo, “se ha dado todas las facilidades para que los representantes del Ministerio Público continúen con su labor”. “Al respecto, se continuará entregando toda la información y la documentación solicitada por el equipo de fiscales, de conformidad con la política de transparencia del Gobierno”, agregó el pronunciamiento.

Esto contradijo lo que indicó el fiscal Reinaldo Abanto, quien reveló que el personal de Palacio de Gobierno impidió el ingreso de los peritos a ciertos espacios y tampoco brindó la documentación que le solicitaron.

Recogen testimonio de Pedro Castillo

Luego de una postergación de la diligencia que se había programado originalmente para el 14 de diciembre, el presidente recibió en Palacio de Gobierno el 28 de diciembre a representantes de la Fiscalía de la Nación, así como al procurador general, Daniel Soria.

Por casi cuatro horas, Pedro Castillo declaró como testigo en Palacio de Gobierno ante el fiscal supremo adjunto Ramiro González sobre la investigación iniciada por presuntas presiones en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Este caso implica al exministro de Defensa Walter Ayala y al exsecretario del mandatario Bruno Pacheco.

En esta diligencia, Castillo reconoció la validez de los chats con el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra. El abogado Eduardo Pachas agregó que se explicó a las autoridades “el contexto” en el cual sucedieron el intercambio de mensajes.

Tercera diligencia por Petroperú

En paralelo a la visita de la Fiscalía de la Nación, se llevó a cabo una diligencia de recojo de información, la tercera por parte del despacho de Norah Córdova.

Jenny Atauchi, fiscal adjunta del despacho anticorrupción, llegó a la sede de Gobierno minutos antes de las 10 de la mañana y solo dijo ante la prensa brevemente que se trataba de una diligencia en el marco de la investigación que implica al empresario Samir Abudayeh por la licitación que obtuvo su empresa en Petroperú.