Manuel Merino, virtual candidato a la Mesa Directiva del Congreso por una lista multipartidaria, indicó que, si el Poder Ejecutivo presenta un proyecto para que se evalúe la legalización de la pena de muerte en el Perú, la salida del Estado de acuerdos internacionales debe estar incluida en este documento.

"Si es que se trae esa propuesta [de evaluar la aplicación de la pena de muerte] tiene que venir lógicamente resolviendo los acuerdos internacionales que están firmados por el Estado peruano”, señaló desde el Congreso.

Como se recuerda, el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó el último 8 de marzo que la aplicación de la pena de muerte para casos de feminicidio y violadores se debe “evaluar” y, que un posible cambio de norma depende del Congreso

"El tema [de la pena de muerte] es un cambio normativo que pasa por el Congreso de la República, en consecuencia, estamos próximos a tener una nueva representación. El lunes vamos a tener una reunión con congresistas de cuatro bancadas, vamos a analizar, pero en este día una medida no soluciona el problema”, dijo el mandatario a TV Perú en el marco de una actividad por el Día Internacional de la Mujer.

Merino, quien representará a Acción Popular cuando se instale el Congreso, indicó que existe “zozobra” en la población debido a la inseguridad, pero que cada sector debe hacerse responsable de sus competencias.

“Yo creo que las soluciones tienen que darse en le ámbito de la acción que le corresponde de cada sector. Hay un tema que ha creado zozobra en la población por los hechos que vienen dándose”, agregó.

Cabe indicar que el Estado peruano ha suscrito el acuerdo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Este pacto señala que no se restablecerá la pena de muerte en países que la hayan abolido y que “tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente”.

Además, el artículo 140 de la Constitución Política del Perú contempla que “la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra, y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada”.