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PJ resolvió mantener mandato de prisión preventiva contra Elizabeth Peralta

La fiscal suspendida enfrenta una investigación preparatoria junto al expresentador de televisión Andrés Hurtado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

Redacción Diario Correo

Actualizado el 26/01/2026, 07:36 p.m.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió mantener “vigente” el mandato de prisión preventiva contra la fiscal suspendida Elizabeth Peralta, quien seguirá recluida en el penal de Mujeres de Chorrillos, ex Santa Mónica, en el marco de la investigación que afronta junto a Andrés Hurtado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del estado.

La sala suprema adoptó esta decisión al declarar “fundado” el recurso de apelación presentado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, que buscaba revocar la resolución del juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, emitida el 27 de octubre de 2025, mediante la cual se dispuso el cese de la prisión preventiva por 18 meses impuesta a Peralta el 3 de diciembre de 2024, en el marco de la investigación preparatoria.

Según una resolución a la que accedió RPP, el tribunal supremo revocó la decisión apelada y, al reformarla, declaró “infundada” la revisión de oficio y la cesación de la prisión preventiva impuesta a la magistrada suspendida, al considerar que persiste el peligro de obstaculización por sus negativas y contradicciones respecto a un número telefónico en este proceso penal.

“No procede el cese de la medida coercitiva impuesta; lo expuesto no hace sino confirmar, que el peligro de obstaculización contemplado para dictar la medida de prisión preventiva, subsiste. Consecuentemente, no habiendo variado los presupuestos de la medida coercitiva referida, no procede la cesación de la prisión preventiva”, indica el colegiado supremo en su resolución.

La Fiscalía Suprema investiga si Andrés Hurtado ‘Chibolín’ participó en el pago de una presunta coima para favorecer al empresario Javier Miu Lei, mediante una supuesta intervención de la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta, además de otros dos hechos.

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