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El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, recibió en su despacho un informe que plantea denunciar constitucionalmente a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y congresista Waldemar Cerrón.
De acuerdo a un reportaje de Cuarto Poder, el fiscal Ángel Astocondor remitió hace tres semanas un informe que recomienda la denuncia. El documento fue enviado al fiscal coordinador Rafael Vela, quien después lo elevó al fiscal de la Nación.
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Para Astocondor existen “hechos identificados que perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”.
El informe de 200 páginas contra Boluarte y Cerrón nació en la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, donde desde el 2021 se investiga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón; su hermano Waldemar Cerrón; la extesorera del partido Dina Boluarte y otros exaltos dirigentes en lo que es la presunta organización criminal Perú Libre.
El pedido de denuncia contra la presidenta y el congresista Cerrón se refiere sobre una “influencia de la organización criminal Perú Libre en la promulgación de Leyes”, una suerte de brazo legal transversal entre el Congreso y el Ejecutivo.
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La Fiscalía no cree que entre Boluarte y el prófugo Cerrón exista un divorcio real y cita una entrevista del 2021. “Cuando tú me dices de Vladimir Cerrón corrupto, es el Poder Judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir”, se escucha decir a Dina Boluarte.
Proyecto de ley
Por ejemplo, Waldemar Cerrón presentó un proyecto de ley de número 6084, que presente a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización. Un salvavidas a su investigado partido.
El 10 de mayo de este año, logró turno para su propuesta, tras pasar por las comisiones, logró que con 88 votos a favor que el Congreso apruebe su propuesta. Con esto se quitó la posibilidad de que los partidos políticos puedan ser investigados como organización criminal.
Este proyecto de ley no fue investigado por el Ejecutivo. “La investigada Boluarte Zegarra no habría realizado observación, oposición o pronunciamiento alguno. En mérito a ello, el 10 de junio del año en curso, el Congreso promulgó la ley 32054, en Diario El Peruano”.
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