El Pleno del Congreso se convirtió ayer en un escenario que pone en evidencia, una vez más, el refrán “otorongo no come otorongo”.
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Y es que el Hemiciclo fue escenario de una vergonzosa defensa a parlamentarios cuestionados que recibieron el apoyo de sus colegas para no ser sancionados, a pesar del procedimiento que se realizó en la Comisión de Ética Parlamentaria.
SANCIÓN MENOR
El congresista Juan Carlos Lizarzaburu (APP), para quien se tenía prevista una sanción de 120 días por sus expresiones sexistas contra su colega Patricia Juárez, se convirtió solo en una sanción de 30 días.
El legislador se salvó gracias a la cuestión previa que planteó Alejandro Soto (APP). Dicha propuesta recibió 77 votos a favor, 29 en contra y ocho abstenciones.
El segundo blindaje fue para Jorge Flores, quien debía ser suspendido 120 días por una denuncia de recorte de sueldo a sus trabajadores.
Fue José Jerí el encargado de solicitar una suspensión de 30 días y un descuento de 45 días de sus haberes. Su iniciativa fue aprobada con 68 votos a favor, 35 en contra y cinco abstenciones.
SANCIONADA
La única congresista que no logró salvarse de la sanción que le correspondía fue Katy Ugarte del Bloque Magisterial, quien fue denunciada por el recorte de sueldos a sus trabajadores.
La Comisión de Ética recomendó para su caso de “mochasueldos” una suspensión de 60 días.
Diferentes colegas plantearon reducir la sanción a una amonestación escrita, una amonestación escrita pública y una multa de 15 días, finalmente a una amonestación escrita pública y una multa de 30 días. Sin embargo, no tuvieron éxito.
Aunque intentaron plantear una sanción de 30 días, el pedido se hizo muy tarde, por lo que la recomendación original tuvo que ser votada y se aprobó con 50 votos a favor, 19 en contra y 31 abstenciones.
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Pleno suspende a los congresistas Lizarzaburu, Flores y Ugarte
El Hemiciclo suspendió por 30 días a Juan Carlos Lizarzaburu por frases sexistas contra Patricia Juárez, por 30 días a Jorge Flores por un caso de “mochasueldos” y Katy Ugarte recibió una sanción de 60 días por denuncia de recorte de sueldos a sus trabajadores