El Poder Judicial declaró inaplicable la inhabilitación por 10 años para ejercer función pública que el Congreso impuso contra la fiscal suprema Delia Espinoza, medida aprobada en diciembre de 2025 por presuntas irregularidades en la aplicación de la Ley N.° 32130, norma que fortalecía la intervención operativa de la Policía Nacional en investigaciones preliminares.

La sanción parlamentaria fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular y Avanza País. Además, el Congreso dispuso la formación de una causa penal contra Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y posible instigación al delito de usurpación de funciones.

La denuncia que originó el proceso fue presentada en octubre de 2024 por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín contra Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena Campana, entonces fiscal de la Nación interino. Los parlamentarios cuestionaron la aprobación del reglamento “Actuación fiscal en la investigación del delito”, al considerar que contravenía la Ley N.° 32130 y afectaba competencias de la Policía Nacional.

Sin embargo, el Poder Judicial concluyó que los denunciantes no sustentaron de manera objetiva cómo los fiscales habrían incumplido sus deberes constitucionales ni de qué forma vulneraron el ordenamiento jurídico. Asimismo, precisó que tampoco se explicó cómo se habría invadido el denominado “monopolio policial” en las investigaciones preliminares.

La resolución judicial también señala que no existió una motivación suficiente para atribuir a Espinoza los presuntos delitos imputados. “No se consigna mínimamente de qué forma la disposición sería contraria al texto expreso y claro de la Ley”, indica el documento.

Además, el Poder Judicial advirtió un trato diferenciado contra Delia Espinoza, al remarcar que, pese a que los demás fiscales supremos denunciados se encontraban en la misma situación jurídica, solo ella fue inhabilitada y sometida a una causa penal. Para la instancia judicial, ello evidencia una “grave incongruencia” y una afectación al debido proceso parlamentario.

La resolución también sostiene que las decisiones adoptadas contra Espinoza carecieron de una justificación objetiva, lo que configuraría un trato discriminatorio y una vulneración de derechos fundamentales.

No obstante, el Poder Judicial aclaró que su fallo no cuestiona las facultades constitucionales del Congreso para ejercer control político y determinar eventuales responsabilidades por infracción constitucional.

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