La convocatoria del Consejo de Estado, por iniciativa de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, no contó con la presencia del presidente Pedro Castillo, pero culminó con un claro pronunciamiento que exhorta al Gobierno a fortalecer la lucha contra la corrupción.

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Atendieron el llamado de Elvia Barrios, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila; el contralor general de la república, Nelson Shack; y la defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar.

El presidente del Congreso, José Williams, no rechazó la convocatoria pero se excusó pidiendo más tiempo para consensuar una postura razonable con las bancadas.

El Ministerio Público explicó la no participación de la fiscal general, Patricia Benavides, precisando que “al tener a su cargo investigaciones contra el presidente de la República”, requería resguardar su autonomía institucional. El Tribunal Constitucional guardó reserva por razones similares a las de la Fiscalía.

PRONUNCIAMIENTO.

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Al finalizar el encuentro en el Palacio de Justicia, los participantes emitieron un pronunciamiento.

“Invocamos al presidente de la República a que convoque con el carácter de urgente a todos los poderes del Estado y órganos constitucionalmente autónomos para promover un espacio de diálogo que permita lograr consensos y acuerdos mínimos para restablecer la estabilidad y la paz social (...)”, dice el texto.

Y propone una agenda que debe priorizar el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, la garantía de la gobernabilidad democrática, la estabilidad y el desarrollo económico.

ANÁLISIS.

El analista político Luis Benavente (Vox Populi) explica que el presidente Castillo es reacio a convocar el Consejo de Estado porque las entidades que la conforman no respaldan sus posiciones.

“Un Consejo de Estado -dice Benavente a Correo- es totalmente inconveniente para los propósitos del presidente que ya va perfilando el cierre inconstitucional del Congreso, que es su clarísimo propósito desde hace un tiempo”.

Añade que el Gobierno va perfilando un propósito autoritario, de absoluta ruptura del Estado de Derecho.