La revelación de que el Congreso está en proceso de licitar a su nuevo proveedor de alimentos ha reavivado la polémica: ¿debemos los contribuyentes pagar por la comida de los parlamentarios, pese a los altos salarios que perciben?

La controversia no es nueva. En febrero de 2023 se dio a conocer que el Parlamento pagó –en 2022– más de 3 millones de soles por tres años de alimentación, además de casi 2.5 millones de soles para la compra de televisores, alfombras y otros. Debido a esto se produjo la dimisión del entonces oficial mayor José Cevasco.

TODO SUBE

De acuerdo con información revelada por Cuarto Poder, el Legislativo destinará 1.6 millones de soles por 16 meses de alimentación. El nuevo contrato es por el servicio de alimentación complementaria extraordinaria en sesiones del pleno del Congreso, días en los que, además del desayuno, almuerzo y cena, los parlamentarios podrán disfrutar de frutas, variedades de sándwich y bocaditos dulces.

También se aumentó el gramaje de los productos. Así, de 120 gramos de res fileteada para bistec, que se pedía en 2022, ahora requieren 130 gramos; de 180 gramos de chuleta se aumentó a 200 gramos; y de 120 gramos de filetes de pollo y pescado ahora se pide 130 gramos.

POSTURAS

Pese a que en la denuncia anterior Jorge Montoya (Honor y Democracia) defendió el costo de su bufet al afirmar que los detractores “querrán que (los congresistas) comamos alfalfa”, ahora criticó la decisión.

“Es un tema de la Mesa Directiva, independiente de lo que piense es una responsabilidad de la presidencia del Congreso, y no estoy de acuerdo con este monto”, sostuvo a la prensa.

Por su parte, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) defendió el gasto bajo el argumento de que “el beneficio no es nada nuevo”.

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