La defensa legal de la exjefa del gabinete ministerial, Betssy Chávez, solicitó al presidente José Balcázar, la emisión de un salvoconducto para permitir su salida del país con destino a México, nación que le otorgó asilo político.

El pedido fue presentado el 9 de julio de 2026 ante el Despacho Presidencial.

El abogado Raúl Noblecilla sustentó la solicitud señalando que el estado de salud de su patrocinada se ha deteriorado mientras permanece en la sede diplomática mexicana en Lima, por lo que requiere atención médica especializada.

Asimismo, afirmó que la falta del salvoconducto limita su acceso a tratamientos y pone en riesgo su integridad.

Betssy Chávez fue condenada el 4 de diciembre de 2025 a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, en relación con los hechos ocurridos durante el intento de quiebre del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022. Además, pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional.

La defensa sostiene que el salvoconducto es un mecanismo previsto en el derecho internacional para garantizar el traslado seguro de personas que han recibido asilo diplomático y considera que su otorgamiento contribuiría a restablecer las relaciones bilaterales entre Perú y México.

El procedimiento para la expedición de un salvoconducto corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros.

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