Andrea Pereyra

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, presentó al Congreso de la República una serie de requerimientos presupuestales destinados a mejorar la capacidad operativa del sistema judicial en diversas regiones del país.

Entre las principales solicitudes, Arévalo planteó la asignación de 7 millones 689 mil 803 soles para implementar seis nuevos órganos jurisdiccionales en Chancay, Huaral y Huacho, dentro del Distrito Judicial de Huaura. Según explicó, esta medida busca atender el incremento de la demanda de servicios de justicia ante el impacto económico esperado con la puesta en funcionamiento del puerto de Chancay.

El presidente del Poder Judicial también propuso una bonificación extraordinaria de 3,000 soles, por única vez, para el personal CAS (Decreto Legislativo 1057) con salarios menores a 3,849 soles mensuales. Asimismo, pidió la aprobación de un estudio de ingresos para actualizar la escala salarial del personal administrativo y jurisdiccional del régimen 728.

En relación con los recursos, Arévalo solicitó que el Poder Judicial tenga autonomía en la gestión de los montos recaudados directamente por la institución, con el objetivo de fortalecer sus metas presupuestarias.

En el ámbito de infraestructura y operatividad, pidió 48 millones de soles para estudios de inversión en 13 cortes y 43 millones para implementar juzgados de ejecución en Lima Este y Piura, orientados a cumplir con las sentencias dictadas.

Además, destacó la necesidad de 37 millones para ampliar el sistema de oralidad civil en Arequipa, Lima Norte, Piura y Loreto, modelo que ha reducido los tiempos de resolución en procesos civiles.

Otra solicitud clave fue la asignación de 44 millones de soles para continuar con la implementación de Unidades de Flagrancia en regiones como Lima, Callao, Puno y Amazonas, enfocadas en la resolución inmediata de delitos.

Arévalo Vela subrayó que actualmente 1,177 órganos jurisdiccionales operan en locales alquilados y en condiciones no óptimas, lo que evidencia la necesidad de priorizar estas inversiones. Instó al Congreso a considerar estas propuestas en el presupuesto de 2025 para garantizar un servicio de justicia eficiente y accesible.

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