La Sala Penal que preside el juez supremo César San Martín postergó para nueva fecha -aún por definir- la audiencia de casación en el que se va definir si los aportes de campaña que Ollanta Humala no declaró en 2006 y 2011 constituyen delito de lavado de activos.
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Este pronunciamiento inapelable, al incorporarse a la jurisprudencia, servirá de referente para juzgar los demás casos de aportes de campaña.
En ese contexto, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, exhortó al magistrado César San Martín se inhiba de revisar el recurso de casación presentado en el marco del caso Gasoducto Sur y que involucra al expresidente.
“Conforme lo ha planteado el [ex Fiscal de la Nación] Pablo Sánchez, existen elementos para que San Martín pueda evaluar su apartamiento de este caso”, comentó Carrión en RPP.
“Reconocemos la trayectoria del doctor San Martín; sin embargo, en este caso hay elementos para que tome la decisión de apartarse”, remarcó.
Añadió que se trata de “un tema de legitimidad de las personas que van a decidir en el caso Gasoducto “que es un proyecto millonario que tiene arbitrajes millonarios por los cuales el Estado viene siendo demandado”.
Abogado de San Martín
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El argumento central del fiscal Pablo Sánchez contra San Martín es que el abogado de este, ante la Junta Nacional de Justicia, patrocina, a la vez, a la empresa Enagás, entidad coacusada en el caso Gasoducto.
Pero hay otro elemento, para muchos, de mayor peso: el audio inédito revelado el domingo por “Panorama” de un telefonema entre Humala y su esposa, Nadine Heredia, en 2009, que sugiere una inusual e indebida cercanía personal entre el entonces candidato y el magistrado San Martín.
En el diálogo, Heredia le dice a su esposo que tiene programa para el viernes “una reunión con San Martín”. Heredia consigna el nombre de San Martín también sus cuadernos de anotaciones.
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Procuradora del caso Lava Jato espera que el juez San Martín se inhiba
En casación de este miércoles decidirá si aportes de campaña constituyen lavado de activos. Silvana Carrión recuerda que el caso Gasoducto implica arbitrajes millonarios por los cuales el Estado es demandado en el PJ.