A pocos días de que acabe la legislatura, el dictamen del proyecto de ley que busca fiscalizar los millonarios recursos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) gana respaldo.

De acuerdo con fuentes parlamentarias, así como declaraciones y posturas de congresistas, son por lo menos ocho bancadas del Legislativo las que darían su apoyo a la propuesta, lo que sumaría un total de 92 votos.

Entre estas tiendas políticas están Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, parte de Avanza País y Honor y Democracia.

Estos grupos parlamentarios coinciden en la idea de que se debe transparentar el uso del dinero que llega a ciertas ONG -muchas de ellas politizadas- de parte de la cooperación internacional.

No obstante, es importante indicar que dependerá de la Junta de Portavoces y del Consejo Directivo la priorización del dictamen en la agenda del pleno, donde debe ser debatido y votado. Con el apoyo de todas las bancadas mencionadas hay 88 votos, cuando la votación del caso requiere mayoría simple.

FÓRMULA

De aprobarse la propuesta legislativa, se transparentará el dinero que ingresa al país mediante la cooperación internacional.

Según el congresista Alejandro Aguinaga, existen ONG que se registran para actividades de desarrollo, pero realizan activismo político.

Al respecto, la norma busca modificar por lo menos tres artículos de la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para establecer la obligatoriedad de los registros, planes operativos y declaraciones anuales de las entidades.

Según el primer artículo del proyecto, la fórmula legislativa busca regular el cumplimiento de los registros, la presentación de planes operativos y las declaraciones anuales de las ONG, así como también de las entidades e instituciones extranjeras de la Cooperación Técnica Internacional, de las instituciones privadas sin fines de lucro, de las receptoras de donaciones de carácter asistencial y/o educacional provenientes del exterior.

Asimismo, precisa que la APCI será la que garantice el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por medio del Estado, como aquellas organizaciones receptoras privadas que cuenten con algún privilegio o beneficio tributario.

En otras palabras, con este nuevo dictamen se busca un control más riguroso al uso de recursos del exterior y obliga a las ONG a adecuar su labor a una serie de preceptos que, de no cumplirse, podrían derivar en multas cuantiosas de hasta 257 mil 500 soles (50 Unidades Impositivas Tributarias, UIT) o su cierre o cancelación.

INFRACCIONES GRAVES.

El dictamen también contempla una relación de infracciones. Advierte que, de aprobarse la norma, las ONG estarán prohibidas de usar indebidamente los recursos de la cooperación internacional o de las donaciones recibidas del exterior.

Precisa que no podrán utilizar fondos de la cooperación internacional para financiar o participar en actividades que atenten contra el orden público, el estado de derecho y los procesos electorales de nuestro sistema democrático, lo que incluye actividades de medios de comunicación, redes sociales, partidos políticos, organizaciones sociales y empresas privadas, sea como partícipe o instigador de actos que vayan en contra de la paz social.

La propuesta refiere, además, que las ONG no podrán presentar información falsa o documentación adulterada en la Declaración anual de Intervenciones o cualquier actividad.

Además de la multa de 50 UIT, el dictamen contempla que quienes infrinjan la norma serán suspendidos temporalmente de los beneficios. Asimismo, se les suspenderá la inscripción o se le cancelará de manera temporal.

Será infracción grave el destinar recursos de la cooperación internacional o de las donaciones provenientes del exterior a actividades que hayan sido declaradas, administrativa o judicialmente, como actos que afectan el orden público, la propiedad pública, a cualquier bien jurídico del Estado o a la propiedad privada.

Las infracciones graves son las siguientes: No permitir u obstaculizar el desarrollo de un procedimiento de supervisión o fiscalización, no exhibir en un procedimiento de supervisión o fiscalización la documentación que sustenta la ejecución de programas, no sustentar con documentos o registros de perceptores los gastos no bancarizados o realizar gastos no bancarizados superiores al 5% del proyecto, programa o actividad de la cooperación internacional.

POSTURA

Al respecto, el excanciller Luis Gonzales Posada declaró a Correo que el proyecto es importante, porque transparenta los fondos que reciben las ONG de la cooperación internacional y las formas cómo utilizan estos fondos.

“Eso es razonable, en la medida de que el Estado libera del pago de impuestos de estos recursos. En consecuencia, lo menos que se puede hacer es exigir que esas ONG se inscriban en APCI e informen en qué han empleado las donaciones”, resaltó.

Agregó que leyes similares hay en Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y en casi todos los países del mundo.

“Existe en la Ley la inscripción en APCI, pero lo que pasa es que se va a ampliar y será más precisa, porque hay algunas organizaciones que reciben fondos sin dar cuenta. La Ley tiene por objetivo hacerla más transparente”, remarcó.

Por otro lado, cuestionó que Estados Unidos intente entrometerse en un tema que es absoluta potestad del Congreso peruano. Esto a propósito de la supuesta presión de la embajada estadounidense para que el Parlamento no debate y vote el dictamen respectivo.

Por ello, exhortó al Congreso tomar cartas en el asunto sobre la intromisión de los Estados Unidos.

“A mí me extraña esa presión internacional. Debe merecer que la Comisión de Relaciones Exteriores denuncie ello y llegue a la Cancillería para que, a su vez, vaya a todas las embajadas”, señaló el excanciller de la República.

Como se recuerda, los congresistas Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) y Américo Gonza (Perú Libre) declararon a un diario local que una de las causas por las que el jueves pasado no se votó la Ley sobre las ONG fue porque hubo presión internacional mediante llamadas telefónicas y visitas a algunos parlamentarios.