Un reportaje realizado por Punto Final reveló que el Estado gasta al año cerca de S/1 millón 660 mil para la defensa legal de los funcionarios o exfuncionarios que son investigados o que afrontan procesos judiciales.

El dominical detalló que el exsecretario general de Palacio de Gobierno Carlos Jaico Carranza, quien es investigado por el presunto delito de peculado, fue beneficiado con S/75 mil para sus abogados.

Del mismo modo, el actual subsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, obtuvo un financiamiento del Estado por S/35 mil en el marco de las indagaciones que se realizan por el caso de los “asesores en las sombra”.

Al ser consultado por ello, Camacho respondió que ha realizado la solicitud de dicho beneficio en base a lo establecido en la ley, el cual fue fijado mediante un decreto supremo en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo.

Seguidamente, Panorama conversó con el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, quien informó que el jefe de Estado no le paga con dinero estatal, sino que lo hace con el dinero que percibe mensualmente por su cargo.

“Yo tengo un contrato particular con el presidente, el presidente de sus haberes asume el pago de servicio profesional. (¿El presidente con su propio peculio está pagándole a usted?) Así es, nosotros no tenemos ningún contrato por la Ley Servir”, manifestó Espinoza.

Asimismo, en el reportaje se recordó que a partir de esta norma también se benefician los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala, quienes tienen investigaciones en su contra.

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