Siete exdirectivos de la gestión de Susana Villarán fueron sancionados administrativamente hasta con cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública, esto debido a su participación en irregularidades al momento de aprobar la licitación de los corredores complementarios en 2014.

Se trata de Gustavo Guerra-García, María Jara Risco, Juan Carlos Dextre, Juan Tapia Grillo e Ivonne Montoya, quienes fueron sometidos a un proceso administrativo disciplinario debido a que, en su condición de miembros de Protransporte, aprobaron un plan de promoción privada para licitar los corredores complementarios sin dejar que el tema sea aprobado previamente por el concejo municipal.

A ello se suma el proceso realizado a Guerra-García, Montoya, Héctor Rubio y Domingo Arzubialde, quienes también infringieron la Ley de Servicio Civil, al autorizar la modificación del contrato de concesión de los corredores Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa y Javier Prado-La Marina-Faucett perjudicando a la entidad y excediéndose en sus funciones.

Esto debido a que eliminaron la obligación a los consorcios de los corredores para que presenten cartas fianzas de empresas bancarias o instituciones crediticias extranjeras de primera categoría, autorizando a efecto que esos documentos puedan ser emitidos con firmas de clasificaciones inferiores.

Por ello, Protransporte impuso como sanción administrativa contra los implicados la destitución y correlativa inhabilitación para ejercer la función pública por cinco años, medida que puede ser apelada ante la Autoridad del Servicio Civil (Servir).