La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, liderada por el juez César San Martín, evaluó ayer si confirma o desestima la pena de 4 años y medio de cárcel dictada contra Kenji Fujimori y Guillermo Bocángel, y de 4 años contra Bienvenido Ramírez .

Los excongresistas de Fuerza Popular fueron sentenciados por tráfico de influencias real, en noviembre del 2022. Sin embargo, la pena fue suspendida hasta que sea confirmada en segunda instancia.

La Fiscalía acusa un presunto intercambio de votos con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a favor del indulto del exmandatario Alberto Fujimori.

El futuro próximo de los procesados se conocerá a las 8 de la mañana del 9 de enero, del próximo año.

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La historia

El 21 de marzo del 2018, la bancada de Fuerza Popular (FP) presentó diversos videos y audios grabados por el congresista Moisés Mamani.

A través de una conferencia de prensa, el grupo parlamentario denunció una presunta compra de votos -en el Congreso- para evitar la vacancia del entonces presidente Kuczynski. A cambio de ello, presuntamente, se ofrecieron obras y apoyo del Ejecutivo. Los protagonistas de los videos fueron Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez, y el asesor Alexei Toledo.

En diciembre del 2017, cuando se evitó la vacancia, PPK brindó un indulto humanitario a Alberto Fujimori.

“Tengo las pruebas que evidencian que el Gobierno compra congresistas para quedarse en el poder. Estas pruebas las he entregado a mi bancada”, sostuvo Mamani (hoy fallecido).

En las imágenes, se observa a los implicados dialogar con el fenecido parlamentario. “¿Qué es lo que tú quieres? ¿Obras para tu región, desarrollo, progreso?”, le preguntaron.

Más tarde, ese día, Kenji Fujimori respondió ante la prensa. “Lamento muchísimo las bajezas y actitudes delincuenciales de Fuerza Popular, y de mi hermana Keiko (lideresa del partido), al operar con esa actitudes, grabando de manera oculta y tergiversando información”, manifestó.

Lo que vino después fue una denuncia constitucional de parte de FP, el Frente Amplio, Apra y la no agrupada Yeni Vilcatoma. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Milagros Takayama, designó a César Segura como delegado en este caso. Ambos formaban parte de la bancada fujimorista. Las diligencias culminaron en la suspensión de los excongresistas.

El 23 de marzo de ese año, Kuczynski renunció a la presidencia. Más adelante, con el desarrollo de las investigaciones, la Fiscalía elaboró su tesis y sostuvo que el intercambio de votos buscaba beneficiar al exmandatario, y así evitar su vacancia, a cambio de un indulto a Fujimori.

En enero del 2020, se presentó la acusación contra los implicados y, dos años más tarde, en noviembre, se sentenció a 4 años y medio a Fujimori y Bocángel, y a 4 años a Ramírez. Al exasesor Alexei Toledo se le impuso solo 4 años de pena suspendida.

Las penas quedaron suspendidas hasta que sean confirmadas, evaluación que el Poder Judicial realizó ayer.

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Debate

En la audiencia se dio cuenta de una prueba admitida por la Sala y presentada por las defensas de Bocángel y Ramírez.

Esta corresponde a un recurso de amparo, concedido a las partes, y que declara nula la votación parlamentaria (junio del 2018) que aprobó la acusación constitucional contra los excongresistas.

El recurso refiere que los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la República no debían votar en dicho procedimiento. Por consiguiente, según los abogados, debe declararse nulo el proceso y la sentencia en primera instancia.

Sin embargo, el fiscal César Augusto Zanabria y el representante de la Procuraduría, Milton Vílchez Grandes, señalaron que el caso se enmarcó en las reuniones protagonizadas por los excongresistas, las mismas que quedaron registradas en videos.

El representante del Ministerio Público reafirmó sus requerimientos: condenar a los implicados por el presunto delito de cohecho activo genérico y variar la sentencia por tráfico de influencias real a uno simulado.

De acuerdo al abogado penalista Andy Carrión, esto obedece a una estrategia de la Fiscalía. “De esa forma no necesita demostrar que ha habido un intercambio (de favores u otros)”, puntualizó.

Asimismo, el fiscal Zanabria solicitó que se incremente la pena de 4 años y medio a 6 años y medio, por el delito de tráfico de influencias simulado agravado, a Fujimori, Bocángel y Toledo. Para Ramírez, en tanto, solicitó 6 años.

La defensa de Kenji Fujimori concentró sus alegatos en cuestionar la cadena de custodia de los videos.

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Perspectivas

En diálogo con Correo, el abogado Andy Carrión subrayó que “es un poco difícil hacer una proyección” en este caso. Detalló que hay múltiples escenarios.

“El Poder Judicial puede confirmar la sentencia y se mantienen los 4 años y 6 meses, o puede incrementar la pena a pedido de la Fiscalía. También puede declarar nulo el juicio, en primera instancia, y luego ordenar que se realice nuevamente el juicio. Incluso puede reducir la pena”, indicó.

En su opinión “de todas maneras hubo un intercambio de favores” y precisó que son distintos factores los que la Sala Penal Permanente deberá analizar, entre ellos, el amparo concedido sobre la votación de la acusación constitucional.

Para el también penalista Luis Lamas Puccio, “dada la coyuntura política, es muy posible que la Sala confirme y declare no haber nulidad en esa sentencia”.

Remarcó que esta decisión podría darse por las connotaciones que puede tener “un fallo de esta naturaleza y, además, porque hay de por medio también una sentencia condenatoria”.

“Entiendo que la Fiscalía está solicitando un aumento de la pena, pero creo que es, hasta cierto punto, innecesario. En el sentido de confirmar la pena, sería lo más adecuado (que se mantenga la condena de 4 años y medio). Esa es una sentencia condenatoria y relevante ¿Qué sentido tendría elevar la pena para encarcelarlo?”, indicó.

También comentó que, en alguna medida, el indulto a Alberto Fujimori “razonabiliza las gestiones que se hicieron sobre el particular”.

En esa línea, Lamas Puccio señaló que no excluye la posibilidad de que la Corte Suprema también pueda “declarar la nulidad de sentencia y, con ello, se tenga que regresar para subsanar alguna omisión”.