El Tribunal Constitucional (TC) resolvió la demanda competencial que el Legislativo presentó en contra del Poder Judicial (PJ), por resoluciones de esta última institución que impedían que el Parlamento cumpla con las atribuciones que le confiere la Carta Magna.
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Mediante un comunicado, el TC informó que su pleno resolvió ayer el caso denominado: Control judicial de las decisiones del Congreso de la República.
“Por mayoría de cinco votos, declarar fundada la demanda competencial planteada por el Congreso de la República contra el Poder Judicial; en consecuencia, nulas las resoluciones emitidas en el proceso de amparo que impedían seguir el procedimiento de designación del defensor del Pueblo”, reza el punto N° 1 de la nota de prensa en cuestión.
El documento agrega que la misma decisión -también con el respaldo de cinco magistrados- se tomó en el caso de las acciones de amparo que le impedían al Parlamento investigar asuntos de interés público.
En un tercer acápite, refiere que se declara fundada, y por unanimidad, la demanda competencial del Congreso para anular los amparos que obstruían la aplicación de la reforma al Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
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EN LA MIRA
Asimismo -por cinco votos- dispone hacer de conocimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que proceda “conforme a sus atribuciones” sobre el comportamiento funcional de los jueces que concedieron amparos y medidas cautelares sobre las competencias políticas exclusivas del Legislativo.
Finalmente, pero no menos importante, exhorta al Congreso a reformar el artículo 99 de la Carta Magna, así como el Reglamento del Parlamento, para que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) puedan enfrentar acusaciones constitucionales por infracciones en el ejercicio de sus funciones.
Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del TC, calificó de acertado el fallo, por proteger atribuciones constitucionales del Legislativo.
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