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El Tribunal Constitucional (TC) revisará este martes las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia 010-2025, que otorga a Proinversión la responsabilidad de reestructurar Petroperú ante su complicada situación financiera. La norma es cuestionada por la Defensoría del Pueblo y los colegios de Abogados e Ingenieros, que alertan sobreuna “eventual privatización” de la empresa estatal.
El decreto fue aprobado el 31 de diciembre de 2025, durante la gestión de José Jerí, y plantea reorganizar Petroperú mediante la separación de sus activos y unidades de negocio en bloques patrimoniales. Estos podrían ser administrados por operadores especializados, facilitando así la participación de empresas privadas.
La Defensoría del Pueblo sostiene que el Ejecutivo habría excedido sus atribuciones al modificar, mediante un decreto de urgencia, el régimen jurídico de Petroperú “eludiendo el debate parlamentario y vulnerando separación de poderes”. En su demanda, argumenta que la norma no cumpliría con los requisitos de urgencia e imprevisibilidad exigidos para su emisión.
Asimismo, la Defensoría cuestiona que la norma contemple mecanismos orientados a promover la inversión privada, debido al carácter estratégico que, según sostiene, tiene Petroperú para garantizar la seguridad energética nacional.
Por su parte, la Municipalidad Provincial de Talara también presentó una demanda contra el Decreto de Urgencia 010-2025. El Tribunal Constitucional analizará este recurso junto con la acción interpuesta por la Defensoría del Pueblo.
De manera paralela al proceso iniciado ante el Tribunal Constitucional, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) interpuso una demanda de amparo para impedir que se aplique el referido decreto.
El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima admitió a trámite la demanda, que fue presentada contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y Petroperú. La audiencia única del proceso quedó programada para el 5 de octubre de 2026.
El gremio advierte que la aplicación del Decreto de Urgencia 010-2025 podría poner en riesgo la estabilidad laboral de los trabajadores de Petroperú. Además, expresa su preocupación por la posibilidad de que la reorganización planteada termine en la transferencia o concesión de activos de la empresa.
La federación considera que las decisiones que adopten el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial serán determinantes para el rumbo de Petroperú. Asimismo, sostiene que estos procesos tendrán impacto tanto en la seguridad energética del país como en las condiciones laborales de sus trabajadores.
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