El Tribunal Constitucional (TC) dispuso que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emita, en un plazo máximo de 60 días, un decreto supremo que establezca una nueva metodología de actualización y un procedimiento administrativo renovado para el registro, actualización y pago de los bonos de la deuda agraria. La medida busca atender los reclamos de quienes resultaron afectados por expropiaciones de tierras durante la reforma agraria.

La decisión se fundamenta en la demanda de amparo (Exp. 01350-2024-PA/TC) presentada por Mónica Jimena Burga Fernández, sucesora de Jorge Burga Olazabal, contra la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el procurador del MEF. La demandante alegó la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la propiedad y a recibir una indemnización justa.

El Tribunal Constitucional anuló la Resolución 2 de la sala civil del 10 de diciembre de 2021 y declaró inaplicable el Anexo 1 del Decreto Supremo 242-2017-EF, al considerar que este contradice los criterios del Auto y la Sentencia 00022-1996-AI/TC, que reconocen el principio valorista.

El TC concluyó que el MEF incumplió los fallos previos al aplicar una fórmula que reducía significativamente el valor de la indemnización, afectando el derecho a la propiedad. Por ello, ordenó que el órgano jurisdiccional de Lambayeque emita un nuevo pronunciamiento conforme a lo resuelto por el tribunal.

La sentencia fue dictada por los magistrados Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez. El magistrado Manuel Monteagudo Valdez se abstuvo de participar, según lo decidido por el Pleno del TC el 1 de diciembre de 2025.