Desde su creación en 1993 por el régimen de Alberto Fujimori, el Tribunal Constitucional del Perú (TC) ha sido juez en los mayores conflictos políticos del país y su actuación a menudo tuvo ribetes heroicos, pero también vergonzosos.

Actualmente, los miembros del TC están a punto de dejar sus cargos, vencidos los mandatos de seis de sus siete integrantes, de modo que un nuevo cuerpo de magistrados será el que afronte la mayor crisis política peruana desde el 2000. La primera prueba de fuego del nuevo TC, según la mayoría de los expertos, será dilucidar la constitucionalidad de la cuestión de confianza a pedido del Congreso.

Para el constitucionalista Luciano López, en un país como el nuestro, con un Congreso unicameral, el TC cobra mucha más importancia, a diferencia de un Parlamento con Senado. La particularidad está en su composición. Asimismo, señaló que el sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional no es el más adecuado, al estar sujeto a los vaivenes de cómo esté compuesto el Parlamento.

Historia En 1997, con el pronunciamiento contra la re-reelección de Fujimori, exhibió el momento más alto de su independencia frente al poder político. Este hecho ocurrió el 16 de enero de 1997. Los magistrados Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry resolvieron en contra de la posibilidad de que Fujimori pueda volver a postular en el 2000.

De acuerdo con la Constitución de 1993 solo estaba permitida una reelección, pero en agosto de 1996 el Congreso aprobó la llamada “Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución”, que declaraba que la elección de Fujimori de 1990 no contaba por ser anterior a la Constitución de 1993 y su primera elección venía a ser la de 1995. El TC declaró que dicha ley no era aplicable al caso de Fujimori y que legalmente no podría postular el 2000. El Congreso, controlado por el fujimorismo, aprobó el 29 de mayo tres resoluciones legislativas que destituyeron a los mencionados magistrados.

La independencia real del TC siempre ha estado en cuestión y bajo sospecha. Los diversos poderes que gobiernan el país y principalmente los partidos políticos, como se evidenció en la famosa “repartija” de julio de 2013, abrigan secretamente el deseo de controlar o neutralizar a sus integrantes.

En la llamada “repartija”, la bancada del presidente Ollanta Humala y los partidos políticos eligieron a diversos juristas claramente vinculados con sus intereses partidarios.

El contexto político de la “repartija”, según analistas, tenía relación con la pretensión de Ollanta Humala y su familia de liberar de la cárcel a Antauro Humala, cuyo expediente estaba a la sazón en el TC, pendiente de una resolución.

En el 2005, el TC presidido por Javier Alva Orlandini condecoró al general del Ejército Jaime Salinas Sedó y a 26 oficiales por la sublevación del 13 de noviembre contra el golpe del 5 de abril de 1992, en defensa del orden constitucional.

Así enmendó el fallo del TC fujimorista de 1997, que ratificó la sentencia de un tribunal militar y declaró improcedente el hábeas corpus interpuesto por Salinas Sedó desde la cárcel.