- Patricia Benavides se habría reunido con detenidos en “Valkiria XI”, según fotografía
- Caso Valkiria: PJ dicta 36 meses de prisión preventiva contra Miguel Girao, exasesor de Patricia Benavides
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió postergar la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva contra Miguel Girao, José Luis Castillo Alva y Giancarlo Valer Enciso, vinculados a Patricia Benavides y detenidos en el operativo “Valkiria XI”.
El tribunal adoptó dicha decisión hasta que se resuelva la recusación planteada por Castillo Alva contra los integrantes del tribunal, que deberá ser vista por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Es importante mencionar que debido a la huelga indefinida del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los investigados no pudieron unirse a la audiencia, a pesar de que se reiteró el pedido de forma administrativa.
Cabe recordar que en julio de este año, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Raúl Justiniano Romero, dictó 36 meses de prisión preventiva contra dichos investigados.
De igual forma, dispuso medidas restrictivas y control biométrico cada 15 días para Jorge Luis Palomino Quesada.
Para el caso del capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, ordenaron comparecencia con restricciones, sujeto a reglas de conducta.
Como se recuerda, los fiscales del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), bajo la dirección de Marita Barreto, llevaron a cabo la operación denominada “Valkiria II”, durante la cual detuvieron a siete personas relacionadas con el círculo de confianza de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Entre los arrestados se encuentran Miguel Ángel Girao, el abogado José Castillo Alva, Abel Hurtado Espinoza, Mirtha Gonzales Yep, Giancarlo Valer, Jorge Palomino y Jorge Rodríguez Menacho.
El Ministerio Público confirmó que las personas detenidas están siendo investigadas por presuntos delitos que incluyen organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias, entre otros.
De acuerdo con lo informado por el diario El Comercio, la presunta red criminal habría negociado la influencia dentro del Ministerio Público con intereses delictivos relacionados con el caso “Cuellos Blancos del Puerto”.
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