El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, envió un oficio al presidente de la República, Pedro Castillo, pidiéndole que renuncie al cargo ante los numerosos cuestionamientos que han ido acumulándose a lo largo de su gestión, incluyendo la reciente inmovilización social obligatoria que duró un día y que considera que fue inconstitucional.

En el documento enviado este sábado 9 de abril, el titular de la Defensoría del Pueblo asegura que hace este pedido como “supervisor de la adecuada prestación de servicios públicos y cumplimiento de los deberes de la administración estatal”, además de ser garante de derechos fundamentales.

Ante las críticas y para salvaguardar los derechos fundamentales y la administración pública, Gutiérrez indica que “la Defensoría del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país y leal con la Constitución, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”.

En su oficio, recuerda que su institución advirtió desde el inicio del Gobierno de Pedro Castillo en reiteradas ocasiones que se estaba incumpliendo con el mandato de cumplir con la Constitución y el orden jurídico.

Pese a esto, señala que hay un “grave y acelerado deterioro de la administración pública” así como retrocesos en políticas públicas y el nombramiento de ministros y otros altos funcionarios no idóneos.

Walter Gutiérrez también incluye la falta de transparencia debido a que Pedro Castillo todavía no ha hecho pública la lista de visitas que recibió fuera de Palacio de Gobierno tal y como ordenó el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como último cuestionamiento, el defensor del Pueblo menciona la medida de inmovilidad social que se ordenó casi en la medianoche del 4 de abril para que se acate el 5 de ese mismo mes, acto que calificó como inconstitucional por instrumentalizar un estado de emergencia para “evitar atender un conflicto social”.