El Poder Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) hasta el 21 de agosto en la provincia de Islay con el fin de resguardar el orden interno y evitar actos de violencia que hubiera en contra del proyecto minero Tía María.
Ellos seguirán apoyando a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la provincia arequipeña.
Durante el paro indefinido, las manifestaciones que duraron 61 días desde el 23 de marzo dejaron cuatro muertos (tres civiles y un policía), así como decenas de heridos y detenidos.
Según precisa la Resolución Suprema 146-2015-IN, la actuación de las FF.AA. “constituirá una tarea de apoyo a la misión de la PNP y no releva la activa participación de esta. El control del orden interno permanece en todo momento a cargo de la Policía Nacional del Perú”.
PROTEGIDOS. Este contingente armado contribuirá y garantizará la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, la libertad de tránsito por las vías y carreteras, el derecho a la paz y a la tranquilidad, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos esenciales y el resguardo de puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población.
“La intervención de las Fuerzas Armadas, conforme la presente RS, no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte”, dice también la norma firmada por el presidente Ollanta Humala y los ministros de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez, y del Interior, José Luis Pérez Guadalupe.
El miércoles 22, el Consejo de Ministros anunció el levantamiento del estado de emergencia en Islay, el cual se había decretado el pasado 23 de mayo tras las violentas protestas y enfrentamientos por la oposición de un sector de la población en contra el proyecto minero.