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La solicitud de extradición de , el expresidente todopoderoso de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), planteada por la justicia norteamericana fue aceptada y comunicada, a través de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

El planteamiento provino del Tribunal Distrital de los EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, con la finalidad de procesarlo por presunta asociación ilícita para delinquir. La resolución fue suscrita por el presidente Kuczynski y los ministros de Justicia y Relaciones Exteriores, Marisol Pérez Tello y Ricardo Luna, respectivamente.

En la víspera, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó el pedido de la justicia norteamericana. Cabe precisar que el Distrito Sur de Nueva York también busca procesar a Burga por fraude electrónico y lavado de dinero; el Ejecutivo solo admitió su salida para que enfrente el proceso por “asociación delictuosa para cometer delincuencia organizada”.

La investigación que viene realizando EE.UU. responde también a las severas sospechas de corrupción de las que sería responsable el exjefe de la FPF, la misma que involucra a dirigentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol por haber recibido millones de soles en sobornos por la adjudicación en los derechos de transmisión de la Copa América y la Copa Libertadores.

Desde diciembre de 2015, Burga cumple la orden judicial de prisión preventiva en el penal Piedras Gordas II, en Ancón. Sobre él pesa la orden de captura internacional solicitada por la justicia norteamericana por las pesquisas que vienen realizando sus despachos fiscales.

MÁS JOYAS. Una suerte similar corren sus pares en otros países de Latinoamérica. Otros siete dirigentes son exigidos por la justicia estadounidense por el mismo delito: corrupción.

Uno de ellos es el ex secretario general de la Conmebol, Eduardo Deluca, quien afronta un proceso judicial de extradición. Sin embargo, la justicia argentina desestimó, el mes pasado, este pedido de EE.UU. en primera instancia judicial. El magistrado a cargo de tomar la decisión final del caso entendió, entre otros argumentos, que los contratos sospechados de sobornos fueron entre privados y por consiguiente no hubo cohecho.

El paraguayo Juan Napout, exvicepresidente de la FIFA y presidente de la Conmebol, detenido en Zúrich, fue extraditado a Estados Unidos, informaron en diciembre pasado las autoridades de Suiza.

En Bolivia, el expresidente de la Federación de dicho país y extesorero de la Conmebol, Carlos Chávez, fue detenido en julio de 2015. Se declaró “no culpable” ante la justicia federal de Nueva York.

Napout fue puesto en libertad bajo una fianza de 20 millones dólares y estrictas condiciones, entre ellas arresto domiciliario en EE.UU. y vigilancia electrónica.

Romer Osuna, el expresidente de la Federación de Bolivia y tesorero de Conmebol por 27 años, que pasó a formar parte de la lista negra de las autoridades norteamericanas, fue investigado por la Federal Bureau of Investigation (FBI).

El nombre de Osuna aparece desde el primer negocio precisado por la investigación, correspondiente a los derechos de comercialización de la Copa América, en manos entre 1987 y 2011 de la compañía brasileña Traffic Group.

De otro lado, Marco Polo del Nero, también acusado de enriquecerse a través de actos de corrupción, anunció su renuncia al Comité Ejecutivo de la FIFA el 26 de noviembre de 2015, durante un congreso de la Conmebol en Río de Janeiro.

José Meiszner, ex secretario general de la Conmebol y expresidente de Quilmes A.C., se entregó a la Policía de su país en diciembre del 2015, luego de que las agencias norteamericanas solicitaran un pedido de detención internacional. Si bien fue puesto en libertad por cumplir con ciertas exigencias de control, su proceso continúa abierto.

Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y exmiembro del comité ejecutivo de la FIFA, fue investigado por fraude y lavado de dinero. Teixeira habría movido en sus cuentas entre 2009 y 2012, 147,3 millones de dólares.

Luis Chiriboga, expresidente de la Federación de Ecuador y miembro del comité ejecutivo de Conmebol, por su parte, fue sentenciado a 10 años de privación de libertad por lavado de activos en noviembre último.