Alcalde exige intervención de la Fiscalía y la Policía (Foto: GEC)
Alcalde exige intervención de la Fiscalía y la Policía (Foto: GEC)

La disputa territorial entre la población de la provincia de Caravelí (Arequipa) y del distrito de Marcona (Ica) se ha reavivado en las últimas semanas. Esto por causa del proyecto minero Pampa de Pongo, a cargo de la empresa Jinzhao Mining Perú. Sucede que el privado se comprometió a ejecutar la construcción de un puerto de embarque de minerales en Caravelí, como consta en la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental original. No obstante, ahora han solicitado modificar el referido estudio, incluyendo como parte de los cambios, que el puerto de embarque minero se construya en Marcona. El alcalde provincial de la provincia de Caravelí, Roberto Soto, explicó que esto vulnera los acuerdos iniciales de la licencia social, situación que ha generado nuevos conflictos.

Se ha generado un nuevo conflicto debido al proyecto minero Pampa del Pongo, ¿Qué exige la población de Caravelí?

Este proyecto está ubicado en Bella Unión, provincia de Caravelí. Alrededor del año 2000 se realizaron las exploraciones geológicas y hacia el 2013, la empresa China Jinzhao Mining Perú había obtenido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), considerando que el puerto de embarque de minerales se construiría en la zona de Sombrerillos, en el distrito de Lomas, así lo permitían las condiciones batimétricas, servía para embarcar buques de 200 mil a 300 mil toneladas con el concentrado de mineral de hierro, cobre, oro, plata, cobalto y renio que explote la mina. Todo por un espacio de 20 años, generando impuestos, canon y regalías por más de 10 mil millones de dólares, entonces el problema surge cuando cambian de accionistas y, en agosto de este año, cambian esta situación y determinan que el mineroducto vaya hacia el norte, terminando precisamente en Marcona, en la región Ica. Entonces los pobladores de Lomas y Bella Unión nos oponemos porque teníamos la esperanza de que esta infraestructura portuaria quede como parte de lo que era responsabilidad social de la empresa.

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¿Pueden hacer este cambio sin consulta previa?

Ellos piden modificar el EIA para este cambio, además de la modalidad de explotación porque pasaría de ser una mina a tajo abierto a una mina subterránea. Todo lo solicitan al Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles), pero previamente tiene que darse la consulta social, consulta previa y responsabilidad ambiental necesaria. El Proyecto debe tomar en cuenta a nuestra provincia como un socio estratégico.

¿Qué argumentan los representantes de Jinzhao Mining Perú?

Argumentan que la Autoridad Portuaria Nacional les ha concesionado por 40 años libremente, tipo una zona franca gratuitamente el puerto San Juan y lo hacen por querer ahorrar los 300 millones de dólares que les cuesta actualmente el puerto (que se construiría en Lomas). Nosotros pedimos a la ministra del Ambiente, Albina Ruz, y a los directores ejecutivos de Senace y OEFA que no se permita la modificación.

¿Les anunciaron cambios sobre estos acuerdos anteriormente?

Estos pedidos han venido siendo tratados muy superficialmente. Nosotros en estas últimas reuniones y por escrito les hemos hecho saber nuestra posición. Nuestra posición no es ajena a proyectos de este tipo, por ejemplo, vengo de una reunión con Cerro Verde y ellos pagarán 9 dólares por metro cúbico de agua tratada. Por el contrario, en nuestros pozos de Jahuay, Marcobre, Shougang y hasta la Municipalidad de Marcona se lleva nuestros recursos sin pagar a la Municipalidad de Bella Unión, que es dónde están estos pozos. Hagamos ver esa diferencia. Nosotros haremos una inversión de 200 millones de soles para tratar el agua de mar en beneficio de 45 mil habitantes de Chala, pero Marcona fácilmente invade Caravelí entra a los pozos de agua de Jahuay y se los pretende llevar para una planta desalinizadora para su distrito.

¿Se formularon las denuncias del caso?

Nosotros pedimos la intervención de la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que se haga respetar el Estado de derecho. Son 300 agresores que se han podido evidenciar en los videos en esta semana. Todos tenían piedras, palos y armas de fuego. Eran gente de mal vivir (...) entiendo que la formalización de la denuncia debe estar a cargo del gerente David Vela Quico y demás agraviados que suman unos 30 funcionarios. Ellos estaban con los distintivos del Gobierno Regional. Afortunadamente no nos han reportado heridos o fallecidos. En Lomas y Bella Unión la población está molesta y han considerado cortar el suministro de agua para todas las operaciones industriales en Marcona que dependen de nuestros pozos de Jahuay.

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