PJ levanta prisión para Arroyo por “La Centralita”

Al igual que pasó con el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, la justicia también ha ordenado levantar la orden de prisión preventiva para el exalcalde de la provincia del Santa, Luis Arroyo Rojas, que pesaba sobre él por el sonado caso “La Centralita”.

La jueza del Primer Juzgado Penal Nacional, María de los Ángeles Álvarez Camacho ha emitido la resolución 3, con la cual declara fundado el recurso de exceso de carcelería que presentó la defensa de Arroyo por este caso.

Anteriormente esta misma magistrada había aceptado el pedido de la Fiscalía Anticorrupción para adecuar el plazo de la prisión preventiva contra Arroyo, por doce meses más. Esta resolución incluso se encuentra confirmada por una instancia superior, la Sala Penal Nacional de Apelaciones.

No obstante, ahora la jueza toma como base el acuerdo plenario 01-2017, para determinar que Arroyo ya cumplió el plazo máximo de prisión preventiva por “La Centralita”. Aplicando este mismo acuerdo plenario, es que otros investigados han conseguido que se les levante la orden de prisión preventiva.

Con la adecuación de la ampliación de la prisión, la medida para Arroyo Rojas aún habría culminado el próximo 30 de mayo de este año.

El exburgomaestre es acusado de los delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y peculado, en esta carpeta fiscal.

RESOLUCIÓN. Para mostrar su oposición a la solicitud de exceso de carcelería a favor de Arroyo, la Fiscalía arguyó que la resolución de adecuación de plazo ya estaba consentida, sin embargo dentro de sus considerados, la jueza Álvarez Camacho sostiene que “no podríamos precisar que la prisión preventiva tenga un carácter inmutable, dado que puede cambiar de variar las circunstancias que la determinaron”.

En ese sentido, la jueza considera que el plazo de prisión preventiva para Arroyo ya ha vencido en demasía, no obstante, eso no implica que se dejen de aplicar medidas que puedan asegurar la presencia de Arroyo durante el proceso.

“ (...) al año 2017, se ha alcanzado el máximo que la ley determina para la vigencia de la medida coercitiva de la prisión preventiva y por ende, no puede continuar ejecutándose, correspondiendo ordenar la libertad procesal del procesado, sin perjuicio de dictar las medidas que correspondan para garantizar su sujeción al proceso penal”, se lee en la resolución de la jueza Álvarez Camacho.

En el documento judicial, la jueza ha señalado que Arroyo, no puede ausentarse de la localidad donde reside y deberá informar su dirección en un plazo máximo de 24 horas de egresado del penal. También tiene la obligación de presentarse todas las veces en que la Fiscalía o el Poder Judicial lo requieran.

De igual manera, tiene prohibido comunicarse por teléfono, escrito o haciendo uso de las redes sociales o de manera personal con cualquiera de los demás investigados, testigos, peritos, o los familiares de sus coimputados así como los abogados de los mismos.

En caso salga del penal, Arroyo deberá pagar una caución económica de 10 mil soles, en un plazo máximo de cinco días.

En la resolución judicial se señala claramente que Arroyo aún no podrá abandonar el penal de Piedras Gordas, porque actualmente cumple una condena de 15 años de cárcel por el sonado caso “la desratización” en el que se le sentenció por el delito de colusión.

Se debe mencionar que el exalcalde del Santa también cumple una orden de prisión preventiva por el asesinato de Hilda Saldarriaga y otra más por el crimen del exconsejero regional Ezequiel Nolasco.

OBSERVACIÓN. En un extremo de la resolución la jueza observa que a cuatro años de haberse formalizado la investigación preparatoria, a la fecha no existe pronunciamiento por parte del Ministerio Público. El fiscal Elmer Chirre Castillo, dio por concluida la investigación el pasado 30 de octubre de 2017.

Por esta razón, la magistrada indica que “corresponde oficiar a la Coordinación de las Fiscalías Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que determine el grado de responsabilidad que pudiera asistir a los fiscales responsables” de la investigación.

También indica que se debe poner en conocimiento al Órgano de Control Interno (OCI) del Ministerio Público para “las acciones pertinentes”.

La investigación del caso “La Centralita” concluyó con más de 80 personas investigadas (entre naturales y jurídicas). El Ministerio Público sostiene que se habrían cometido delitos de colusión, peculado, lavado de activos y que se habría conformado una organización criminal que tenía como objetivo tomar el control de los recursos públicos en Áncash, durante la gestión del exgobernador regional, César Álvarez.

Entre los investigados se encuentran funcionarios regionales, consejeros regionales, empresarios periodistas y hasta los excongresistas por Áncash, Víctor Crisólogo Saavedra y Heriberto Benítez.