Nuevamente la desestabilización acecha a la capital, a sus instituciones y actividades económicas. Aun afrontamos las consecuencias de los desórdenes y la violencia de inicios del presente año cuando una supuesta tercera “toma de Lima” quiere reinstalar la dinámica destructiva y la historia del gobierno ilegítimo. Quieren la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la asamblea constituyente, pero no conectan con la gente que puede no estar muy contenta con el actual Ejecutivo ni con el Congreso pero no quiere violencia que le impida trabajar. Solo exige tranquilidad y seguridad para los actores económicos cuyo peor enemigo son las vanguardias violentistas que han dañado la producción, el comercio y el turismo. Las familias están luchando por la supervivencia. El gobierno de Boluarte debe contrarrestar los intentos violentistas con programas sociales eficaces de atención a las necesidades populares en contra de quienes pretenden destruir lo poco que tenemos. Nos toca defender el Estado de derecho y las instituciones democráticas, pero no entregando una carta blanca sin responsabilidades. El Ejecutivo y las bancadas democráticas del Legislativo deben apoyar el uso legítimo y constitucional de la fuerza para defender la democracia. Les toca defender la vida y los derechos humanos no solo en las asonadas, donde no quisiéramos ni muertos ni heridos, esencialmente en la necesidad de paz para trabajar. De lo contrario tendremos más víctimas por hambre y falta de trabajo que las que saldrán de las calles agitadas. No podemos permitir que reediten la destrucción de la infraestructura pública como aeropuertos y comisarías. Tampoco bloqueos de vías nacionales que quiebran la producción y el comercio nacional y de exportación y matan por enfermedades, hambre y desempleo. Hay una defensa a organizar de la producción y la economía popular que también es defensa de los derechos humanos.
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