Soy de los que desde un inicio ha sostenido que la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides no debería ejercer funciones en el Ministerio Público, al igual que Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena, Rafael Vela y José Domingo Pérez, pues todos son parte de la grave crisis que afronta dicha institución clave en la lucha contra la corrupción y el delito común que en las calles afecta directamente al ciudadano de a pie que está harto que todos lo días dejen en libertad a asesinos y ladrones.

Sin embargo, ante la posibilidad de que la señora Benavides vuelva este seis de junio a su puesto de fiscal de la Nación en vista de que no hay los votos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para enviarla definitivamente a su casa, es evidente el nivel de desesperación en la facción opuesta donde destaca la fiscal Marita Barreto. Están apelando a cualquier cosa para impedir que eso suceda, lo que no hace nada bien a una institución ya en ruinas por la guerra de tronos interna.

Reitero, Patricia Benavides no debería volver el Ministerio Público debido a los graves cuestionamientos que vienen desde que ocupaba el máximo cargo. Está el cambio de la fiscal que tenía el caso de su hermana vinculada a actos de corrupción relacionados al tráfico de drogas y la oscuridad que hay alrededor de sus tesis de grado. Luego vemos los testimonios de su brazo derecho, Jaime Villanueva, quien habría estado ofrecido archivamientos a cambio de votos de congresistas en problemas.

Si va a salir, que sea a través de un debido proceso y no por medio de medidas desesperadas como las que presenciamos en las últimas semanas. Están tratando de prolongar su suspensión a través del Poder Judicial, que según los entendidos no es su función; y han recusado al juez supremo Juan Carlos Checkley, quien tiene el caso de la suspendida fiscal. Además, a este magistrado le han abierto una investigación preliminar. ¿Amedrentamiento? ¿Sacaron la chaveta?

Sin duda, el Ministerio Público necesita ser refundado, partir de cero con caras nuevas que estén alejadas de los dos bandos que existen hoy y que no hacen más que torpedear la muy necesaria lucha contra la corrupción que hasta ahora ha sido ineficiente y deja espacios para que los investigados se quejen y acusen “persecución política”, todo esto más allá de los problemas en las instancias inferiores en que los delincuentes salen libres gracias a fiscales que ven que sus jefes están metidos en líos y apuñalamientos. Todo mal.