No hay que matar al mensajero

Al inicio del presente gobierno, una de las primeras leyes que dictó el Congreso de la República -promovida por Fuerza Popular- fue la denominada Ley Antitransfuguismo. Lo que esta ley buscaba es que aquellos congresistas que dejaran las bancadas por las que habían sido elegidos perdieran una serie de prerrogativas, lo que, como algunos de ellos mismos manifestaron, los convertía en una suerte de congresistas de segunda clase, y con esto buscaban desincentivar la disidencia. Es lógico que una ley de esta naturaleza haya sido impulsada por aquellas agrupaciones políticas que se fortalecieron únicamente con fines electorales y sin ninguna convicción real en principios o propuestas de gobierno. Agrupaciones que llenan curules del Congreso con parlamentarios cuya agenda propia está siempre por encima de la agenda de su partido, sin lograr generar una adherencia política.

En este marco, no debería extrañarnos la airada protesta de FP por la decisión del señor Salaverry, quien, cumpliendo con lo establecido por el Tribunal Constitucional, ha dado la autorización para la creación de nuevas bancadas. Lo que está detrás de esta protesta no es otra cosa que el temor de FP de seguir perdiendo poder en el Congreso con las nuevas disidencias que vendrán.

Esta situación no hace más que mostrarnos una vez más las falencias de nuestro sistema congresal. Hacen falta cambios importantes en el corto plazo. Las tres modificaciones más urgentes creemos que son: la bicameralidad, que debería dotarnos de un Senado más reflexivo y probo; la renovación por tercios, logrando que el Poder Legislativo tenga una conformación más representativa respecto del sentir de la población; y la eliminación del voto preferencial, que incentiva la formación de listas parlamentarias que responden más a intereses económicos que partidarios.

Todos estos cambios serán, sin embargo, inútiles si la mayoría de nosotros, los ciudadanos, continuamos evadiendo la responsabilidad cívica de participar de una u otra manera en la vida política del país. Sea esta a través de gremios, de partidos políticos, denuncias o marchas. Cualquier actividad u organización que pueda hacernos mejores ciudadanos, para ayudar en la gobernabilidad e institucionalización del país.