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Según Datum, la popularidad del presidente Vizcarra continúa al alza. Ha llegado al 66% de aprobación y, por si fuera poco, el nivel de desaprobación bajó a 28%, logrando las mejores cifras en lo que va de su gobierno. Lo paradójico es que 51% de los peruanos piensa que Vizcarra no tiene un plan de gobierno, y su gabinete no pasa del 25% de aprobación, con desaprobaciones alrededor del 45%. Resulta más contradictorio aún que en esta situación la percepción de la ciudadanía con respecto al 2019 pase de 27% a 39% que espera sea un buen año, y la sensación de avance sube de 29% a 37%.

El principal componente de la aprobación presidencial está en la percepción por parte de la ciudadanía de su lucha contra la corrupción, apreciación que alcanza el 61%. Esta actitud del Presidente es la que genera que el resto de componentes, como el manejo del país, alcance niveles importantes (55%), a pesar de la mala impresión de sus ministros. De algún modo, la altísima aprobación del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard Concepción Carhuancho nos prueba que la lucha anticorrupción es la base de este fenómeno.

El problema para Vizcarra radica en que su popularidad se basa en un aspecto del Gobierno que él no controla: la lucha contra la corrupción. Si bien su regreso de Brasil por la destitución de los fiscales fue un gesto político que claramente le redituó beneficios, en términos prácticos no tuvo influencia alguna en los acontecimientos posteriores.

Teniendo en cuenta que la popularidad es la única carta que le da legitimidad al presidente Vizcarra, la pregunta es si este juego que catapulta su popularidad puede mantenerse durante los próximos años. La respuesta pareciera ser que no. Los problemas judiciales que se produzcan no son de su competencia directa y en cualquier momento podría cometer un traspié que afecte gran parte de su capital político, el que difícilmente podrá recuperar. La gestión del Ejecutivo tiene aún muchos cuestionamientos, como lo evidencian las cifras anteriores.