La Primera Sala Civil de Lima validó en parte la demanda interpuesta por el colectivo “Padres en Acción” en contra del Currículo Nacional 2017, aduciendo que promueve la ideología de género, atentando contra el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos.

En países como Estados Unidos, la judicialización de la vida escolar ha resultado perjudicial para los alumnos, porque sometieron a las editoriales y currículos escolares a lo “neutral” o “políticamente correcto” -es decir, no tocar ningún tema conflictivo (pese a que su deliberación es formativa)- y ataron de manos a los directores a la hora de ejercer su autoridad para organizar una vida escolar disciplinada dentro de los colegios. Sumado a ello, los enormes costos en dinero y tiempo para atender los extenuantes procesos judiciales.

Hay padres contrarios a la enseñanza de la teoría de la evolución o Big Bang, porque atenta contra la creencia de la creación instantánea no evolutiva del mundo y del hombre; padres en contra de tratar temas vinculados a la prevención del consumo de drogas o uso de medios anticonceptivos, aduciendo que legitima las drogas y la sexualidad adolescente; padres disconformes con las notas o sanciones disciplinarias impuestas por el colegio, etc.

Judicializar estos temas no favorece a nadie. Los alumnos, porque quedan indefensos frente a las realidades de la vida; los padres, porque la sobreprotección judicializada la lamentarán con la fragilidad emocional de sus hijos; y la escuela, porque pierde autoridad.

Dejemos el currículo al Minedu, y que las cortes respeten esos fueros.