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Contraloría denunciará penalmente a diez funcionarios públicos

Implicados son del MTC, MEF y Ositran. Informe de Edgar Alarcón halla serias irregularidades en adenda del contrato de Chinchero
Contraloría denunciará penalmente a diez funcionarios públicos

Contraloría denunciará penalmente a diez funcionarios públicos

23 de Mayo del 2017 - 07:10 » Textos: Aaron Salomón » Fotos: Correo

La Contraloría General de la República dio a conocer en el informe emitido ayer, sobre la firma de laadenda del contrato de concesión para la ejecución del aeropuerto de Chinchero (Cusco) a favor del consorcio Kuntur Wasi, que se halló responsabilidad penal en diez funcionarios: del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (6), Ministerio de Economía y Finanzas (2) y Ositran (2).

Pese a que el contralor Edgar Alarcón Tejada no brindó mayores detalles acerca de los nombres de los implicados, o si pertenecen al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, indicó que la Procuraduría de su institución ya tiene en sus manos la denuncia, la cual será remitida al Ministerio Público, a fin de que se inicien las acciones legales correspondientes.

En paralelo, el órgano de control llevará a cabo un procedimiento administrativo sancionador.

Edgar Alarcón aclaró, en este sentido, que se trata solo de funcionarios, mas no de titulares de los despachos mencionados, descartando así culpa de Martín Vizcarra o Alfredo Thorne.

“No hay ningún titular involucrado en el informe. Son funcionarios que han estado vinculados directamente con la gestión administrativa y la decisión de firmar la adenda”, aseveró.

Al respecto, a través de su cuenta de Twitter, la congresista Marisa Glave exigió la renuncia de la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, por ser ella quien firmó la cuestionada adenda.

Acusó, además, que la funcionaria sostuvo reuniones con ejecutivos del consorcio Kuntur Wasi, como Ximena Zavala y José Balta.

CUESTIONAMIENTOS. De acuerdo al análisis de la Contraloría, la adenda fue suscrita sin que el MTC “haya autorizado a un acreedor permitido, requisito indispensable para modificar el contrato dentro de los 3 primeros años”.

Además, se identificó que se modificaron las condiciones de competencia que se usaron en el proceso de la firma del contrato, como “cambios en el esquema de pagos, adelanto de pagos, traslado del cierre financiero y garantías otorgadas por compañías aseguradoras”.

También se advirtió que se modificó la asignación de riesgos financieros inicialmente estipulados, por lo que el Estado pasó a asumir el 80.73%, mientras que el concesionario solo el 19.27% restante.

Por lo antes alertado, concluyó el órgano de control, la ejecución de la adenda suscrita “podría significar un perjuicio económico para el Estado estimado en $40.6 millones”.

En conferencia de prensa, tras la emisión del informe, Edgar Alarcón señaló que “tenemos el anhelo de que Chinchero sea un aeropuerto”, pero aclaró que “se deben cumplir con normas legales”.

Consultado sobre las amenazas que recibió, dijo que la denuncia ya se encuentra en la Policía Nacional. “La preocupación personal que tengo es por mi familia”, comentó.