Nuevos datos sobre la última decisión judicial del caso Ecoteva van saliendo a la luz. Resulta que el titular del 47 Juzgado Penal, Manuel Céspedes Riguetti -quien esta semana benefició vía un hábeas corpus a la suegra del expresidente Alejandro Toledo, Eva Fernenbug- militó en el partido Perú Posible (PPC) durante cinco años.
Como se recuerda, el magistrado resolvió declarar fundado en parte el recurso constitucional que interpuso la ciudadana belga, quien argumentó que se vulneró su derecho a la defensa en el proceso judicial seguido contra ella, Toledo Manrique, Eliane Karp y otros por la compra de dos inmuebles valorizados en casi 5 millones de dólares.
Estos bienes fueron adquiridos a través de la empresa Ecoteva Consulting Group.
PAPELITO MANDA. Según el Registro de Afiliados de las Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (ROP), el juez Céspedes fue miembro de PP desde el 31 de marzo de 2007 hasta el 29 de noviembre de 2012.
Precisamente, según la base de datos del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), luego de que Céspedes dejó de militar en PP, en su condición de abogado postuló a una plaza como juez de paz letrado del Poder Judicial, y fue nombrado titular en junio de 2012.
Adicionalmente, Correo supo que Jhon Céspedes Riguetti, hermano del juez, es actual militante de la chakana. Él forma parte de esta agrupación desde marzo de 2007.
Al respecto, el Ministerio Público evitó pronunciarse y voceros de la institución indicaron que accionarán por la vía legal.
APELAN DECISIÓN. Entre tanto, la Procuraduría del Ministerio Público apeló la resolución del juez Céspedes que anuló la tercera denuncia que planteó la Fiscalía y en la que se le imputa al expresidente Alejandro Toledo ser el dueño del dinero ilícito que se usó para compra la casa de Las Casuarinas y la oficina en el edificio Torre Omega.
El caso se inició en 2013 y fue interpuesto ante el 16 Juzgado Penal de Lima, a cargo del juez Abel Concha, quien devolvió en dos oportunidades la denuncia para que la Fiscalía subsane algunas omisiones.
En la tercera denuncia, interpuesta por la fiscal para Casos de Lavado de Activos, Manuela Villar, se colocó a Alejandro Toledo como cabeza de la organización de lavado de activos bajo la tesis de que el expresidente habría obtenido el dinero a través de ocho actos de corrupción durante su mandato presidencial.
En el caso de Fernenbug, la denuncia sostenía que no había ayudado a lavar el dinero del empresario Josef Maiman (como lo planteó la fiscal antecesora del caso, Cristirosi Morales), sino el del propio Toledo.
Ante ello, el juez Céspedes sostuvo que a Eva Fernenbug inicialmente se le imputó un “autolavado”, es decir, que habría usado la empresa Ecoteva para comprar los inmuebles con dinero de su propiedad y que dicha empresa no logró sustentar más de 9 millones de dólares.
Es por ello que ampara el hábeas corpus de la suegra de Alejandro Toledo sosteniendo que al cambiar por tercera vez la imputación contra Fernenbug, se la dejó en “indefensión” jurídica.
Así las cosas, Céspedes mandó al archivo todo lo hecho por la fiscal Manuela Villar y ordenó que solo se tomen los argumentos y la hipótesis que sostuvo inicialmente la fiscal Cristirosi Morales.
Según la resolución judicial a la que accedió Correo, el juez Céspedes también sostiene que la fiscal Villar, al cambiar la hipótesis fiscal que comprendía a Toledo como cabeza de organización, actuó “irresponsablemente”.
“Si bien la función fiscal es la persecución de los responsables por los delitos que atentan a bienes jurídicos protegidos, tal función no puede ser ejercida de manera irresponsable -como sucede en el presente caso-, en tal sentido, considero que tal proceder de la emplazada es arbitraria, razón por la que se debe declarar la nulidad de la denuncia penal de fecha 20 de julio de 2015 emitida por la doctora Manuela Villar, quien formalizó denuncia contra Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman, Eva Fernenbug y otros por el delito de lavado de activos en agravio del Estado como coautores-conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia en su modalidad agravada”.
¿TODO ACABÓ? Ahora el Ministerio Público espera que esta decisión sea revertida en otra instancia.
Consultado al respecto, el procurador de la Fiscalía, Aurelio Bazán Lora, se excusó de dar declaraciones, pero confirmó que “se solicitó que el PJ revise la decisión del juez de primera instancia por no tener base legal la decisión de amparar el hábeas corpus de Fernenbug”.
Pese a esta apelación, notificado de la decisión de su homólogo, el titular del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, informó a la fiscal Manuela Villar que tendrá un plazo de 48 horas -hasta mañana- para volver a presentar la denuncia adecuándola a los términos dejados por la fiscal Morales.
Hasta ayer, la fiscal Villar se encontraba fuera de su despacho siguiendo una pasantía, por lo que no habría sido notificada, ni del hábeas corpus ni de la decisión del juez Concha.